La pobreza en España tiene una cifra concreta detrás. Según un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, conocido como Ivie, eliminar el riesgo de pobreza en el país costaría 24.000 millones de euros anuales, una cantidad equivalente al 1,8% del PIB. El dato permite medir con precisión el tamaño económico de un problema que afecta a millones de personas. El informe, titulado Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, analiza la incidencia, la intensidad y la desigualdad de la pobreza a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y otros datos oficiales. Sus conclusiones dejan una advertencia clara: aunque la situación mejoró en la última década, el 19,5% de la población española sigue en riesgo de pobreza y el 8% sufre exclusión. El estudio calcula que acabar con el riesgo de pobreza requeriría 24.000 millones de euros al año. En términos económicos, esa cantidad representa el 1,8% del PIB. La cifra surge de medir cuántas personas están por debajo del umbral de renta y cuánto dinero necesitarían para alcanzar ese nivel mínimo. La investigación también distingue entre pobreza y exclusión. Mientras que el riesgo de pobreza se mide con rentas por debajo del 60% de la mediana, la exclusión se asocia a ingresos inferiores al 40%. En ese segundo caso, el coste sería menor: unos 8800 millones de euros anuales, equivalentes al 0,7% del PIB. Los autores del informe señalan que la tasa de población en riesgo de pobreza cayó un 12% entre 2015 y 2025. También descendió un 28% la población en riesgo de pobreza extrema o exclusión. Sin embargo, el avance no alcanza para cerrar la brecha, porque casi una de cada cinco personas en España continúa por debajo del umbral de pobreza. El coste de eliminar la pobreza cambia mucho según el territorio. El informe estima que Andalucía necesitaría destinar el 3,9% de su PIB para acabar con el riesgo de pobreza, mientras que en el País Vasco bastaría con el 0,6%. Esa diferencia muestra que el problema no tiene la misma intensidad en todo el país. Las comunidades con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza son Andalucía, con el 27,7%; Murcia, con el 26,7%; Extremadura, con el 26,2%; Comunidad Valenciana, con el 26%; Castilla-La Mancha, con el 25,9%; y Canarias, con el 22,9%. En el extremo contrario aparecen País Vasco, con el 9,3%; Baleares, con el 11,6%; Navarra, con el 12,3%; y Madrid, con el 12,7%. La renta media de las personas en riesgo de pobreza también cambia por comunidad. A nivel nacional fue de 4869 euros anuales en 2023. En Navarra bajó hasta 4128 euros y en Baleares hasta 4362 euros. En el lado contrario, Galicia registró una renta media de 5498 euros entre esa población y Extremadura, de 5325 euros. El estudio marca otra diferencia relevante en la exclusión social. La media nacional se sitúa en el 8%, pero en la Comunidad Valenciana llega al 11,8%, en Andalucía al 11,4%, en Murcia al 11,2% y en Extremadura al 9,9%. La desigualdad territorial, por tanto, no solo se mide por cuántas personas están afectadas, sino también por la profundidad de su falta de ingresos. Una de las conclusiones más sensibles del informe es que tener empleo no alcanza para esquivar la pobreza laboral. El estudio advierte que “tener un trabajo no libra de la pobreza”, ya que un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España están ocupadas. La tasa de pobreza entre la población ocupada bajó del 14,8% en 2015 al 11,6% en 2025, pero sigue siendo elevada en varias comunidades. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra la probabilidad de que una persona con trabajo entre en riesgo de pobreza es del 6%. En Baleares, el porcentaje de personas ocupadas dentro del grupo en riesgo de pobreza sube hasta el 40%. El informe también identifica colectivos especialmente expuestos. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con empleo temporal o de baja remuneración mantienen niveles altos de riesgo. Incluso algunos grupos empeoraron en la última década. En 2015, el riesgo de pobreza afectaba al 21,8% de las mujeres y al 22,5% de los hombres; en 2025, el porcentaje fue del 20,3% en mujeres y del 18,6% en hombres. Los investigadores plantean reforzar los instrumentos de protección social y mejorar los mecanismos de acceso a las ayudas, con una coordinación más eficiente entre administraciones públicas. El dato de los 24.000 millones de euros no cierra el debate, pero le pone una escala concreta: la pobreza no es solo una estadística social, también es una decisión presupuestaria, territorial y laboral.