La búsqueda de una vivienda en alquiler se ha transformado en una actividad cada vez más complicada en gran parte de España. La combinación de incrementos en los precios, escasez de disponibilidad y un marco regulatorio que se ha extendido en el tiempo ha exacerbado las tensiones entre propietarios e inquilinos. En este contexto, la prórroga de la prohibición de desahucios hasta 2026, que forma parte del escudo social, introduce un nuevo elemento de influencia en el mercado. Esta medida, que fue aprobada por el Gobierno a finales de 2025 y se encuentra a la espera de convalidación parlamentaria, mantiene restricciones que han estado vigentes desde la pandemia y tiene como objetivo proteger a los hogares más vulnerables. No obstante, su extensión también provoca efectos colaterales en la oferta de viviendas en alquiler, tal como advierten los analistas del sector. Desde la introducción de estas medidas en 2020 mediante el Real Decreto-ley 11/2020, el Ejecutivo ha optado por renovarlas de forma periódica ante la persistencia de problemas sociales y económicos. La suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional se aplica a hogares en situación de vulnerabilidad acreditada, incluidos aquellos afectados por impagos de renta. Esta protección condiciona las decisiones de muchos propietarios, que evalúan el riesgo de impago y la dificultad para recuperar la vivienda antes de sacarla al mercado. La prórroga no se limita a la suspensión de desahucios. El acuerdo político incluye también la prohibición de cortes de suministros básicos, como luz, agua y gas, para hogares vulnerables durante todo 2026. A estas medidas se suma la continuidad del bono social eléctrico, que iba a caducar a finales de 2025 y se mantiene al menos un año más. El objetivo declarado del Ejecutivo es evitar situaciones de exclusión residencial y energética en un contexto de dificultad económica. Estas políticas forman parte de un paquete más amplio de protección social que sigue activo más de cinco años después de su puesta en marcha inicial. La prohibición de desahucios se dirige a familias vulnerables sin alternativa habitacional, que incluyen hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género. La normativa exige la acreditación de vulnerabilidad económica y social conforme a los criterios establecidos. La protección también puede aplicarse en determinados casos a personas que ocupan una vivienda sin título legal, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad fijados en la legislación vigente. En estos supuestos, la norma distingue entre situaciones de exclusión social y otros escenarios de ocupación no amparados por la medida. En el ámbito político, la extensión hasta 2026 fue promovida mediante un consenso entre el Gobierno y EH Bildu, contando con el apoyo de otros grupos como Sumar. Desde estas agrupaciones se ha argumentado la importancia de conservar el escudo social vigente y se ha iniciado la discusión sobre nuevas estrategias, tales como la variación de los precios del alquiler y la renovación de contratos que expiran en 2026. De acuerdo con estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios han experimentado una reducción interanual del 11,6%, aunque los procedimientos relacionados con el incumplimiento del alquiler continúan representando la mayoría de los lanzamientos, alcanzando un 76% del total.