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El empleo público vuelve a ocupar un lugar central en la agenda laboral de España. Cada convocatoria del Estado abre expectativas para miles de personas que buscan estabilidad, desarrollo profesional y acceso a una carrera dentro de la Administración. También marca prioridades políticas: qué perfiles se necesitan, qué servicios se refuerzan y hacia dónde quiere avanzar el sector público.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la oferta de empleo público 2026 para la Administración General del Estado, con 27.232 plazas. La cifra incluye 26.886 nuevas plazas para la AGE y otras 346 plazas extraordinarias destinadas a responder a la emergencia climática. El Gobierno sostiene que esta convocatoria busca impulsar la digitalización administrativa e integrar la inteligencia artificial en los servicios públicos.
El Gobierno aprueba más de 27.000 plazas para trabajar en el Estado
La nueva OEP 2026 mantiene una dimensión similar a la del año anterior, cuando se ofertaron 26.889 plazas para la Administración General del Estado. Según detalló Función Pública, de las 26.886 plazas ordinarias, 20.541 corresponden al turno libre y 6345 a promoción interna, una vía pensada para empleados públicos que ya forman parte de la Administración y buscan progresar dentro de su carrera.
La cifra total aumenta si se suman las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. En ese caso, la oferta de empleo público de 2026 asciende a 37.017 plazas, por encima de las 36.588 del año pasado. Para quienes buscan una oportunidad laboral en el Estado, el abanico incluye tanto puestos administrativos como perfiles técnicos, cuerpos de seguridad y áreas especializadas.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la orientación de la convocatoria tras el Consejo de Ministros. Según explicó, uno de los objetivos es aumentar en un 25% los procedimientos administrativos digitales.
También afirmó que esta oferta “es diferente a otras” porque responde a una “gran prioridad”: avanzar en “la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública” para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.
Quiénes podrán aplicar y qué perfiles busca la Administración
La convocatoria estará dirigida a aspirantes que cumplan los requisitos de cada cuerpo, escala o categoría, según se concrete en las bases de los procesos selectivos. En términos generales, habrá plazas de turno libre para nuevos aspirantes y plazas de promoción interna para empleados públicos que ya trabajan en la Administración. Esa doble vía es clave para entender quiénes podrán presentarse.
Una de las novedades más fuertes está en los perfiles tecnológicos. La oferta incluye 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en convocatorias anteriores.
Además, se prevén pruebas por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de captar expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad y datos.
El Gobierno también quiere asegurar la cobertura de vacantes en perfiles científicos y técnicos. Para eso, se constituirá una alianza por el talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como áreas STEM. La oferta incorporará además módulos de inteligencia artificial y datos en los cursos selectivos de competencias digitales de los empleados públicos.
Otro punto relevante es el cambio de criterio respecto de la tasa de reposición. López destacó que esta es la primera oferta que no se rige por ese mecanismo tradicional, sino que incrementa en un 30% las plazas en áreas consideradas prioritarias, como transformación digital, ciberseguridad y prevención de emergencias climáticas. Según el ministro, la oferta permitirá crear 6200 empleos netos.
Por qué los sindicatos rechazan la nueva oferta de empleo público
La aprobación de la oferta de empleo público llegó con críticas sindicales. CCOO, UGT y CSIF rechazaron la propuesta porque la consideran “insuficiente” para garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos. También cuestionaron las formas, al asegurar que el Ministerio no les trasladó las cifras ni el desglose durante la negociación.
CCOO sostuvo que la OEP de 2026 “consolida la pérdida de personal público e impide que el servicio público se adapte a las nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía”. El sindicato incluso no descarta movilizaciones y critica que la atención al público quede relegada entre las prioridades del Gobierno.
UGT, por su parte, señaló que no fue posible alcanzar un acuerdo porque sin cifras “no puede haber una negociación real”. Además, recordó que todavía están pendientes de convocatoria alrededor de 9000 plazas para personal laboral de ofertas anteriores.
CSIF también calificó la oferta como insuficiente y advirtió que solo se crean 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto del año pasado, además de una reducción de 220 plazas de promoción interna.
A falta de conocer el detalle final de la distribución, CSIF considera que esta OEP no resolverá problemas estructurales en organismos sensibles como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT, Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa. El sindicato resumió su malestar con una frase dura: “Se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna”.