La gestión de residuos en España sigue siendo una de las asignaturas pendientes más importantes. A pesar de que la concientización ciudadana ha crecido en los últimos años, el sistema actual no logra cumplir con los objetivos exigidos por la normativa europea. El modelo vigente, basado en la separación de residuos mediante contenedores de colores, no ha sido suficiente para mejorar los niveles de recogida. Los datos recientes han confirmado que los resultados están muy por debajo de lo esperado. Esta situación ha obligado a replantear el sistema de reciclaje en España. Las autoridades han decidido introducir cambios estructurales que permitan mejorar las tasas de recogida y acercarse a los estándares europeos. El nuevo sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) será obligatorio a partir de noviembre de 2026. Este modelo cambiará la forma en que los consumidores gestionan los envases de bebidas en España. A partir de su implementación, los clientes deberán devolver envases como botellas de plástico, latas o briks en los comercios o en máquinas específicas. A cambio, recuperarán un pequeño depósito económico que habrán pagado previamente al comprar el producto. La normativa establece que los envases de bebidas de hasta tres litros (como agua, refrescos, zumos o cerveza) tendrán un sobrecoste de al menos 10 céntimos. Ese importe será reembolsado cuando el envase se devuelva correctamente. El cambio en la gestión de residuos en España responde directamente al incumplimiento de los objetivos de recogida de envases en 2023. La legislación es clara: si no se alcanzan las metas, se debe implantar un sistema alternativo en un plazo máximo de dos años. Actualmente, la recogida de envases se sitúa en poco más del 40%, una cifra muy alejada de los estándares europeos. Este dato refleja la necesidad urgente de mejorar el sistema de reciclaje. Con la aplicación del SDDR, el objetivo es alcanzar tasas cercanas al 90% en los próximos años. Esto permitiría a España alinearse con las exigencias de la Unión Europea y reducir significativamente el impacto ambiental de los residuos. La puesta en marcha del sistema de depósito, devolución y retorno en España no está exenta de dificultades. La complejidad del modelo y la burocracia están ralentizando el proceso de implementación. A día de hoy, todavía existen aspectos clave sin definir. Entre ellos, quién será el encargado de gestionar el sistema o cómo se organizará su funcionamiento a gran escala en todo el país. Además, el despliegue logístico supone un reto enorme. Adaptar el sistema a cientos de miles de puntos de venta y miles de municipios complica aún más su aplicación. Incluso desde el sector reconocen que cumplir con el plazo de 2026 será complicado debido a la falta de desarrollo normativo y técnico.