Corrupción

Ley anticorrupción: protección a denunciantes y multas millonarias, cómo es la nueva norma española

Este lunes ha entrado en vigor la ley de protección a los denunciantes de corrupción en ámbitos tanto públicos como privados. ¿En qué consiste?

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Con la luz verde que otorgó el Senado español al proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción, la norma ya se encuentra vigente. La mayoría del Pleno del Congreso aprobó definitivamente el texto el pasado 16 de febrero, tras la introducción de algunas enmiendas en el Senado, con los votos en contra del Partido Popular y Vox.

De este modo, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supone la adaptación o transposición a la legislación española de una directiva europea aprobada en 2019, según informó EFE. 

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Por ello, obliga a las organizaciones a poner a disposición canales de denuncia internos y crea una nueva figura denominada "autoridad independiente de protección del informante".

Ley de protección a denunciantes de corrupción: en qué consiste 

El objeto de esta ley es "proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos", según informó Europa Press. 

El Congreso aprobó, con enmiendas, la ley que protege a denunciantes de corrupción y ya está en vigencia. Fuente: EFE. 

La ley ha contado con 147 votos a favor, 106 en contra y 4 abstenciones. Los cambios que se introdujeron fueron fruto de un acuerdo transaccional entre varios grupos. 

Por su parte, el Partido Popular y Vox se opusieron a las enmiendas que tenían por objeto introducir la exigencia de tener un canal interno de denuncias en los partidos, conforme a la Directiva europea conocida como "whistleblower". 

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Ley de protección a denunciantes de corrupción: medidas principales 

Con la entrada en vigor de la norma se habilitan sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes de corrupción. La confidencialidad de los denunciantes es una de las garantías de esta nueva norma.

También será obligatorio que existan sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas de más de 50 trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

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Además, fija la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un canal autónomo y complementario al de cada institución, mediante el que cualquier persona podrá presentar denuncias anónimas.

Fuente: EFE.

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