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El Gobierno ultima la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley orgánica de integridad pública, que incluirá una batería de medidas contra la corrupción en la contratación pública. La previsión es que la iniciativa se apruebe este martes, tras lo cual comparecerá el presidente, Pedro Sánchez, para hacer balance del curso político.
El anteproyecto ya fue tramitado por el Consejo el pasado 17 de febrero, de modo que llega en segunda vuelta a la mesa del Ejecutivo para ser enviado al Congreso e iniciar su tramitación parlamentaria. Sánchez se había comprometido, en su comparecencia ante el pleno del 24 de junio, a remitir el texto a la Cámara antes del verano.
Qué medidas incluye la ley de integridad pública
La iniciativa forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción que Sánchez anunció hace un año, cuando compareció ante el Congreso para abordar el caso Koldo tras la entrada en prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. A la espera de concretar las modificaciones sobre el texto de febrero, estaba previsto que la ley modificara un total de 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas.
Al presentar el anteproyecto, la entonces vicepresidenta primera María Jesús Montero la definió como una ley muy ambiciosa. Entre sus medidas figura hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración, e incrementar de 15 a 20 años el plazo durante el cual las empresas condenadas por corrupción no pueden contratar con la administración ni percibir subvenciones o beneficios fiscales.
El texto también rebaja el umbral de notificación de las donaciones a partidos, que deberán comunicarse a partir de 2.500 euros en vez de los 25.000 actuales, y de forma mensual. Los partidos tendrán que someter sus cuentas a auditorías externas, con un régimen sancionador más duro. Además, se amplía la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años y se crea, a instancias de Sumar, una agencia independiente de integridad pública.
Qué propone el PP frente a la ley del Gobierno
El PP ha registrado una proposición no de ley de medidas urgentes para recuperar la integridad pública, con la convocatoria de elecciones como primera acción. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha sostenido que el Ejecutivo está “rodeado de corrupción ética, política y económica” y, por tanto, inhabilitado para hablar de regeneración. “Es como poner a un vampiro al frente de un banco de donantes de sangre”, ha afirmado.
Según Gamarra, solo el adelanto electoral permitiría “empezar el camino de la integridad pública”. A esa medida, la formación suma la recuperación del delito de malversación anterior a la reforma derivada del ‘procés’ y una reforma del indulto para que los delitos de corrupción o los cometidos por altos cargos no puedan ser indultados.
La propuesta del PP incluye además el cese inmediato del presidente del CIS, Félix Tezanos, la creación de una autoridad independiente única que aglutine a los organismos de control, la salida del cargo de cualquier alto cargo investigado por corrupción y la protección de los denunciantes. Contempla también auditorías de la SEPI y del Fondo de Rescate, así como el cese de sus dirigentes imputados.
Qué reproches cruza el PP con el Gobierno
Gamarra ha cargado directamente contra Sánchez al aludir a “esos conflictos de intereses que hoy nadie discute del propio presidente del Gobierno por las actividades de su mujer en relación a algunos rescates”. La dirigente popular sostiene que las auditorías que plantea su partido “no estarán en ninguna ley de integridad pública que pueda liderar Pedro Sánchez”.
La formación reclama además reformas de las leyes penitenciaria, electoral y de financiación de partidos para impedir que figuren en las listas electorales condenados por terrorismo, retirar las subvenciones a los partidos que los incluyan y primar en la legislación penitenciaria la colaboración y el arrepentimiento.
