La embajada de Estados Unidos endurece sus políticas y exige que sus proveedores demuestren que no son de "izquierda"

La embajada de Estados Unidos en España ha comenzado a exigir a sus proveedores que firmen un documento en el que certifiquen que no aplican ninguna política interna "de diversidad e inclusión" que viole las leyes antidiscriminación estadounidenses. 

La medida, revelada por El Confidencial, surge a raíz de órdenes ejecutivas emitidas durante la administración de Donald Trump y se enmarca en una ofensiva más amplia contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en distintos ámbitos gubernamentales y empresariales.

Esta exigencia podría generar conflictos con la normativa vigente en España y en la Unión Europea. En territorio español, las empresas con más de 50 empleados están obligadas a implementar planes de Igualdad y LGTBI, de acuerdo con la legislación nacional. La imposición de la embajada estadounidense choca de frente con estos requerimientos, dejando a los proveedores en una disyuntiva legal y operativa.

Según la información difundida, las empresas afectadas tienen un plazo de cinco días para certificar por escrito su conformidad con esta nueva normativa. De no hacerlo, la embajada podría suspender pagos y cancelar contratos. Además, esta medida no se limita a España, sino que afecta a todos los países con relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos.

Impacto en las empresas españolas y europeas

La exigencia de la embajada aplica únicamente a las operaciones sujetas a la legislación estadounidense. Esto significa que empresas españolas que proveen servicios a la embajada, pero operan exclusivamente en España, no estarían obligadas a acatar esta restricción. 

Sin embargo, aquellas compañías con presencia en Estados Unidos o que realicen transacciones bajo su jurisdicción sí podrían verse forzadas a modificar sus políticas internas para cumplir con la nueva normativa.

Las empresas que han recibido el requerimiento están analizando cómo cumplir con la exigencia sin infringir la legislación europea. En la Unión Europea, los planes de diversidad e inclusión forman parte de la estrategia corporativa obligatoria para muchas empresas, lo que convierte la directriz estadounidense en un dilema legal para los proveedores afectados.

La política de Trump contra la diversidad

Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración de Donald Trump ha impulsado la eliminación de programas DEI en instituciones gubernamentales y privadas. Una de sus primeras órdenes ejecutivas en esta línea incluyó el recorte de fondos destinados a programas de inclusión en agencias federales, universidades y entidades privadas que reciban financiación del gobierno. 

La eliminación de estos programas se justifica bajo el argumento de que fomentan la discriminación inversa y aumentan costos innecesarios para las empresas.

En Estados Unidos, grandes corporaciones como Goldman Sachs y Bank of America han sido objeto de presiones por parte de grupos conservadores que buscan que eliminen sus iniciativas DEI. Organizaciones como la Heritage Foundation han argumentado que estas políticas generan desigualdades y podrían derivar en litigios costosos.

Un desafío diplomático y legal

La embajada de Estados Unidos en España no ha emitido declaraciones sobre la medida, a pesar de los intentos de consulta por parte de medios de comunicación. Mientras tanto, los proveedores españoles afectados buscan asesoría legal para determinar si la certificación requerida podría ponerlos en incumplimiento de la normativa nacional y europea.

La tensión entre las regulaciones estadounidenses y europeas en materia de diversidad y equidad plantea un nuevo desafío para las relaciones comerciales y diplomáticas. A medida que la administración Trump avanza en su ofensiva contra las políticas DEI, los proveedores de la embajada en España y en otros países deberán evaluar si acatan la nueva exigencia o enfrentan posibles sanciones y la pérdida de contratos con el gobierno estadounidense.