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Una anciana de 78 años llamada Esperanza Muñoz lleva casi dos años sin cobrar el alquiler de la vivienda que heredó de su madre en Madrid. El motivo es una inquilina dominicana de 40 años, quien a partir de 2025 dejó de pagar y se quedó como okupa en el piso.
Separada y sin pensión tras haber dedicado buena parte de su vida al hogar, arrendaba el inmueble por 900 euros mensuales, una cantidad que, según su familia, no había incrementado en una década y de cuyos ingresos depende para mantenerse.
Mientras la “inquiokupa” se ha instalado en el piso, Muñoz continúa afrontando los gastos asociados al inmueble y ya acumula 20.000 euros perdidos.
En este marco es que el nuevo decreto de renovación automática de los alquileres ha despertado el pánico en Esperanza, quien ha compartido su temor en entrevista para el Programa de AR: “Me debe 20.000 euros y me ha dicho que está protegida y no se irá”.
La crónica de la okupación sufrida en el piso de Esperanza Muñoz
Según cuenta el medio The Objective, en 2024 comenzaron a producirse retrasos en los pagos y, desde febrero de 2025, el alquiler dejó de abonarse por completo. La inquilina manifestó entonces que no podía hacer frente al alquiler y que buscaría otra vivienda.
La propietaria le ofreció incluso una compensación económica para facilitar su salida, pero la propuesta fue rechazada. Ante la negativa de abandonar el inmueble, se informó a la inquilina de que se iban a iniciar acciones judiciales para recuperar la vivienda y reclamar las cantidades adeudadas.
Sin embargo, según sostiene la familia de Muñoz, la inquilina le dijo que no le preocupaban las acciones legales, puesto que la ley la amparaba.
“El problema, además, le está generando también un importante desgaste emocional y psicológico, agravado por su edad y por la incertidumbre sobre cuándo podrá recuperar su vivienda”, argumenta Sandra, la hija de Muñoz, al medio madrileño.
Las últimas actualizaciones sobre la vivienda de Muñoz
El caso se encuentra pendiente de resolución. El juicio estaba señalado para el 15 de julio de este año, pero el abogado designado para la “inquiokupa” desistió a finales de junio, por lo que el procedimiento quedó paralizado a la espera de que el Colegio de Abogados de Madrid se pronuncie.
“La vivienda se ha usado y seguramente se esté usando para el alquiler de habitaciones a terceros. Cuando se habla de vulnerabilidad, también hay que mirar al pequeño propietario”, sentencia Sandra.
¿Pueden los cambios en la ley de alquileres empeorar la situación de Sandra Muñoz?
En el marco del revuelo mediático generado por el desahucio de Maricarmen Abascal, el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar aprobó el pasado martes 29 dos reales decretos ley en materia de vivienda. Estos decretos son los que preocupan a Sandra Muñoz.
Entre las medidas más destacadas están la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y la protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando la vivienda sea titularidad de un fondo buitre.
Sin embargo, la prórroga de dos años en los contratos de alquiler, la medida que más podría perjudicar a Muñoz, no aplicaría en este caso.
Esto se debe a que El BOE aclara que, para acceder a esta extensión, el inquilino deberá estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores a la solicitud.