El poder judicial se opone por primera vez a un fiscal general nombrado por el Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado por tan solo un voto de diferencia que Álvaro García Ortiz no es idóneo para renovar su cargo de fiscal general del Estado, lo que supone la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces no da su apoyo al candidato propuesto.

Esta decisión enmienda la posición adoptada por el propio Consejo cuando en julio de 2022 avaló por mayoría de doce votos a favor frente a siete en contra, procedentes del sector conservador, la idoneidad de Álvaro García Ortiz para ser fiscal general.

Fuentes jurídicas informan a EFE que este escenario era previsible toda vez que desde entonces la situación interna ha cambiado. Ahora hay tan solo 16 vocales y la mayoría se alcanza con nueve votos. Siete de los que votaron en contra siguen en el órgano, por tanto, tan solo necesitaban dos más para reprobar el nombramiento, pero no ha hecho falta más que uno puesto que ha habido una abstención.

En su contra han votado Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart, todos ellos considerados del bloque conservador. 

Mientras que los votos que han apostado por avalar a García Ortiz son de los cinco progresitas -Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas-, además del conservador Juan Martínez Moya y el presidente Vicente Guilarte.

Enrique Lucas se ha abstenido porque su hermano, el juez Pablo Lucas, dictó la sentencia del Tribunal Supremo que anula el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala por apreciar desviación de poder de Álvaro García Ortiz, una circunstancia que ha pesado en su contra, según indican las fuentes consultadas.

Tampoco ayuda, añaden las fuentes, que García Ortiz ha evitado pronunciarse sobre la ley de amnistía y el "lawfare", al contrario que el Consejo, que ha sido muy duro en ambos casos.

Sumar atribuye a cuestiones políticas la decisión del CGPJ de no avalar a Álvaro García

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha atribuido la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a una decisión partidaria. 

En opinión del parlamentario de Sumar, hay un sector del poder judicial que ha decidido hacer política y se ha preguntado "¿qué se puede esperar de un Consejo General del Poder Judicial vencido en su mandato constitucional de cinco años que no respeta en absoluto la Constitución?"

Santiago, que ha responsabilizado exclusivamente al PP del bloqueo del CGPJ, ha exigido la dimisión de los ocho vocales conservadores que "sacaron el otro día un dictamen sin competencia sobre una ley (la de amnistía) que no existía".

"Esto ya no es un ejercicio teórico académico, esto son hechos acreditados", ha recalcado el diputado, para quien cada uno de esos vocales se han convertido en "cooperador" necesario del PP y "todos ellos lo mejor que podían hacer es dimitir de una vez".

Fuente: EFE