En esta noticia
Actualmente, los conductores apelan a menos de la mitad de las multas que impone cada año la Dirección General de Tráfico (DGT), un dato lamentable ya que, según Automovilistas Europeos Asociados, más de la mitad de las apelaciones que recibe la DGT o las autoridades competentes tienen éxito, resultando en muchas multas anuladas.
Los recursos de apelación y las dificultades para cobrar las multas a ciertos conductores son algunos de los mayores retos que la DGT enfrenta en el procesamiento de expedientes de tráfico. Esto supone una carga económica significativa para la entidad que lidera Pere Navarro.
Dificultades en el cobro
Este problema es especialmente difícil en el caso de los conductores extranjeros que viven en otros países, ya que hasta hace poco no existían acuerdos que permitieran el cobro de multas, incluso entre los países miembros de la Unión Europea.
Una reciente reunión de los encargados de la recaudación de multas de los países miembros de la UE facilitará en gran medida el proceso de los expedientes para perseguir a los infractores fuera de las fronteras. Este procedimiento se enfoca por ahora en infracciones especialmente graves como excesos de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o ignorar semáforos.
Identificación dentro de la UE
La directiva europea permite la posibilidad de retirar puntos e incluso suspender licencias de conducir.
Hasta ahora, la DGT exigía que los conductores extranjeros pagaran sus multas en efectivo o con tarjeta de crédito directamente a los agentes de la Guardia Civil. Para ello, los vehículos patrulla del Grupo de Tráfico están equipados con terminales de pago.
Según la ley de tráfico, los ciudadanos españoles también pueden pagar la multa en el momento de ser sancionados, pero no en efectivo, ya que una directiva de la DGT eliminó esta opción en 2013, por lo que debe hacerse obligatoriamente con tarjeta de crédito, lo que permite beneficiarse del descuento por pronto pago.
