El Senado aprobó por 56 votos afirmativos, 8 negativos y 8 ausentes un proyecto de ley para modificar la Ley 26.122 que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU)para que el Poder Ejecutivo tenga más límites a la hora de utilizarlos. De lograr sancionarse con el voto restante en Diputados, marcaría un antes y un después de la dinámica del hiperpresidencialismo.

El proyecto, que tenía dictamen, fue aprobado por una amplia mayoría conformada por senadores opositores y aliados del PRO. Los únicos que estuvieron en contra fueron los de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. Los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce se abstuvieron. Se ausentaron los radicales Mariana Juri, Luis Juez, Víctor Zímmermann, Rodolfo Suárez, Carolina Losada y el peronista Antonio Rodas. La votación fue después de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad.

Se trata de una modificación a la ley que se sancionó en 2006 por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, en pos de blindar los DNU del entonces presidente Néstor Kirchner. Esa normativa estableció que se necesitaba el rechazo de ambas Cámaras para poder derogar un DNU, lo cual en lo práctico resultó ser poco probable.

El único DNU que se derogó bajo estas condiciones fue uno del presidente Javier Milei, que le otorgó $100.000 millones de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) del asesor presidencial Santiago Caputo. Fue una maniobra innecesaria, puesto que los fondos a la SIDE son transferidos por decreto simple. La oposición contó con el apoyo de Mauricio Macri para bajarlo.

El proyecto deshace ese requisito y establece que sería al revés: para que un DNU se mantenga en pie deberá disponer la aprobación de ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes. A su vez, establece un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial para que estas se expresen. "Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento dentro del plazo de 48 horas hábiles de producido", agrega.

En este sentido, si se rechaza el decreto por una de las dos Cámaras del Congreso o se vence el plazo previsto este será derogado automáticamente "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". Además, el PEN no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario, al igual que como sucede con los proyectos de ley.

El Poder Ejecutivo actualmente utiliza los DNU como un atajo para saltearse el tratamiento legislativo de los proyectos de ley. De hecho, fue a través de un DNU que el Gobierno de Milei consiguió aprobar a las apuradas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Impulsó que la comisión bicameral de Trámite Legislativo lo dictamine en cuestión de días, ya que de no conseguir su expedición debía esperar a que se venza un plazo para que las Cámaras se aboquen.

Con solamente contar una mayoría simple en una sola Cámara le basta para mantener en pie la normativa. El caso emblemático es el megaDNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero nunca fue tratado en Diputados.

La iniciativa no es nueva: ya habían surgido propuestas el año pasado pero en la Cámara de Diputados, y hay varios dictámenes. En ese momento los bloques de Encuentro Federal y Democracia Para Siempre quisieron aprobarlo para ponerle un freno a los DNU de Javier Milei. El Gobierno, con ayuda de las provincias, logró frenar la sesión con la promesa de tratar el Presupuesto 2025. No prosperó ninguna de las dos.

Lo llamativo es que, otra vez, el proyecto se chocaría con el tratamiento del Presupuesto 2026, que debe presentarse el 15 de septiembre. Fuentes consultadas de la Cámara baja consideraron que sería "maravilloso" que el Senado ya blinde la 'media sanción' porque están dispuestos a darle sanción sin modificaciones en una próxima sesión.

El problema que tiene la oposición en Diputados es que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales es un libertario: Nicolás Mayoraz, a quien ya tienen en la mira para desplazarlo por no convocar nunca a la comisión. Deberán resolver primero aprobar un emplazamiento para poder avanzar con el dictamen del proyecto del Senado, puesto que los dictámenes de Diputados no coinciden con el expediente devenido de la Cámara alta.

Según los opositores de Diputados contarán con el apoyo de Unión por la Patria (UP) para sancionarlo. Su rol se puso en duda porque, en primer lugar, modifica una ley de Cristina y porque, además, en el futuro afectará a quien sea que se siente en el Sillón Rivadavia y el peronismo es el espacio que más chances tiene de volver al poder.

Sin embargo, el apoyo de la bancada de José Mayans en el Senado dejó el precedente de que hay un sector amplio en el peronismo que pretende colaborar para que se sancione. De todos modos, el jefe de Estado probablemente la vete y el tratamiento deberá volver a pasar por el Congreso. En el medio están las elecciones.