Ministros y altos funcionarios de 76 países, entre ellos la Argentina, firmaron hoy un acuerdo marco multilateral para combatir la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) a países de baja o nula tributación por parte de las multinacionales, y para evitar la doble imposición tributaria, impulsado por la OCDE.
El convenio multilateral para prevenir los denominados BEPS, es decir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales, fue firmado ayer por autoridades de 76 países o jurisdicciones en el marco de la Semana OCDE, que se realiza en París cada año y que reúne a funcionarios y miembros de la sociedad civil de los países de la organización y sus socios.
Por Argentina, el documento fue rubricado por el jefe de Gabinete del ministerio de Hacienda, Ariel Sigal.
El acuerdo representa "un importante hito en el ámbito de la fiscalidad internacional, al tiempo que supone estar un paso más cerca de la meta de impedir los BEPS" por parte de las empresas multinacionales, explicó la OCDE, que consideró que el instrumento "colmará las lagunas normativas y el vacío legal de los que adolecen miles de convenios fiscales a escala mundial".
El tratado contiene una serie de medidas para actualizar la red existente de convenios fiscales bilaterales y reducir las posibilidades de elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales, además de fortalecer las disposiciones para resolver las controversias que surjan de la interpretación de los mismos.
La firma del convenio multilateral "marca un antes y un después en la historia de los convenios fiscales", afirmó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien consideró que se está en camino de "conseguir una rápida implementación de las profundas reformas acordadas en virtud del Proyecto BEPS que afectan a más de 1100 convenios fiscales en todo el mundo".
El Proyecto BEPS es una iniciativa impulsada por la OCDE y el G20 y es fruto de las negociaciones globales de más de 100 países para suprimir las brechas y discrepancias normativas existentes a nivel internacional y que facilitan el ocultamiento, elusión o el traslado artificial de los beneficios empresariales a jurisdicciones de baja o nula tributación, en los que las empresas desarrollan una escasa o inexistente actividad económica.
Diversas estimaciones apuntan a que las prácticas elusivas BEPS originan una pérdida recaudatoria anual en el ámbito del impuesto sobre sociedades de entre 4% y 10% de la recaudación global por este gravamen, es decir, entre u$s 100.000 millones y u$s 240.000 millones al año.
Sigal disertó en París, donde expuso que "con la adopción de esta serie de medidas, sembraremos las bases para un marco tributario internacional más moderno y justo, en el que las ganancias serán tributadas donde realmente se produce la actividad económica y la creación de valor", según informó el Ministerio de Hacienda.
