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El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una de las principales herramientas incluidas en la Ley de Modernización Laboral, que tiene como objetivo reducir la informalidad y abaratar el costo de contratar trabajadores en blanco.
Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el esquema ”prevé una importante reducción en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos empleados que contrate durante los próximos cuatro años”.
El diagnóstico oficial parte de un mercado laboral con altos niveles de informalidad. De acuerdo con los datos mencionados por el Gobierno, casi el 50% de los trabajadores se desempeñan sin registrar, lo que equivale a más de 5 millones de personas sin acceso a derechos laborales básicos.
Cómo funciona la reducción de contribuciones
El corazón del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral es la fuerte reducción de los costos laborales para las empresas. Con este nuevo régimen, las contribuciones patronales, que financian aportes al sistema previsional, asignaciones familiares y fondo de empleo, pasan de alrededor del 19% al 2% del salario, una reducción cercana al 89%.
“Esto va a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, permitiendo que cada vez más trabajadores dejen de hacerlo en informalidad para ahora tener un empleo en blanco.”, explicó Adorni.
El beneficio rige durante un período de 48 meses desde el inicio de la relación laboral y alcanza a nuevas contrataciones realizadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, según establece el Decreto 315/2026.
Sobre esto, el Dr. Julio E. Lalanne, abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA), Profesor de Derecho del Trabajo (UCA) y socio titular del estudio jurídico “Lalanne Abogados” explicó: “La Ley 27.802 dice que tienen que ser nuevos empleados, es decir, no se aplica a los trabajadores que reingresen a trabajar para el mismo empleador luego de haberse extinguido su relación laboral”.
¿Qué beneficios aporta el RIFL a las empresas?
El RIFL está dirigido a empleadores del sector privado que incorporen nuevos trabajadores bajo determinadas condiciones. El decreto establece que las empresas podrán aplicar el beneficio hasta un máximo del 80% de su nómina, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa.
Se trata de una medida que reduce el costo de contratar en blanco. Sin embargo, Lalanne introduce un matiz relevante:
“La reducción de las cargas sociales por los nuevos trabajadores es transitoria, porque se extiende durante los primeros 48 meses de vigencia de los nuevos contratos de trabajo. Esto significa que, vencidos esos cuatro primeros años de duración de la relación laboral, el empleador tendrá que pagar el 100% de las contribuciones patronales”.
Al comparar visiones, mientras el Gobierno presenta el esquema como un fuerte incentivo al empleo, el especialista advierte que su efecto podría ser más acotado: “Estas medidas podrían estimular la contratación formal, pero el incremento real del empleo depende de la macroeconomía. Nadie contrata personal que no necesita, aunque el costo sea cero”, explicó.
Qué es el FAL y cómo cambia la indemnización
Junto con el RIFL, el Gobierno anunció la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta que busca modificar la forma en que se financian las indemnizaciones por despido.
Aunque su reglamentación aún no fue publicada, se adelantó que funcionará como un sistema de aportes obligatorios, mediante el cual los empleadores irán acumulando fondos mes a mes para afrontar futuras desvinculaciones.
Actualmente, bajo la Ley de Contrato de Trabajo, una empresa que despide a un trabajador debe abonarle una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Con el nuevo esquema, ese costo cambia de lógica: en lugar de afrontar el pago al momento del despido, el empleador contará con un fondo previamente constituido.
Sobre este punto, Lalanne detalla: “Cuando termina la relación laboral, el trabajador cobra de ese fondo. La diferencia es que el dinero de la indemnización por despido ya está disponible en el FAL y, por lo tanto, el empleador podrá despedir sin pagar nada”.
Sin embargo, la medida ya generó cuestionamientos. En palabras del especialista: “Quién estará afrontando el costo de las indemnizaciones por despido que se paguen con los fondos acumulados en el FAL no es el empleador sino el Estado, porque es el ARCA el organismo que dejará de percibir un 1% o un 2,5% que hasta ahora cobraba, y que será desviado hacia el FAL”.
Cómo impactan el RIFL y el FAL en el salario y los aportes de los trabajadores
En principio, el RIFL no modifica el salario bruto de los trabajadores, pero sí cambia la estructura de los costos laborales y de las contribuciones al sistema. La alícuota reducida se distribuye entre distintos subsistemas, como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.
En términos concretos, Lalanne resume: “En el bolsillo del trabajador el impacto es inexistente”, aclara el abogado. Sin embargo, advierte que existe un riesgo: el desfinanciamiento de los sistemas estatales de la seguridad social.
“El riesgo es que el Estado tenga menos recursos económicos para pagar las jubilaciones, las asignaciones familiares y el subsidio por desempleo. Sin embargo, la apuesta del Gobierno es que ‘muchos pagando poco’ recauden más que ‘pocos pagando mucho’”.
Al mismo tiempo, el cambio no implica una mejora en la protección laboral: “No hay ninguna medida en este nuevo esquema que mejore los niveles de protección laboral que tenía el régimen legal anterior; al contrario, el legislador ha reducido la protección laboral para bajar los costos del empleador”.
En cuanto al RIFL, el especialista considera que no perjudica a los trabajadores, sino que puede actuar como incentivo a la contratación formal.
Entonces, ¿quién gana y quién pierde?
El nuevo esquema redefine los incentivos del sistema laboral y deja ganadores y perdedores bastante claros.
Por un lado, las empresas aparecen como las principales beneficiadas. El RIFL les permite reducir fuertemente el costo de contratar nuevo personal, mientras que el FAL cambia la lógica del despido: el empleador deja de afrontar un pago significativo al momento de la desvinculación, ya que ese dinero se acumula previamente en un fondo. En los hechos, esto reduce el impacto económico de despedir trabajadores.
Sin embargo, ese beneficio no es neutro. Según el especialista Julio E. Lalanne, el sistema implica que parte del costo se traslada al Estado, ya que los aportes al FAL se compensan con contribuciones que antes financiaban la seguridad social. Esto abre el debate sobre un posible desfinanciamiento de áreas clave como jubilaciones o subsidios.
En el caso de los trabajadores, no verán cambios en el salario ni en los aportes reflejados en su recibo de sueldo. Sin embargo, Lalanne advierte un riesgo relevante en el FAL: la pérdida del efecto disuasorio que ha tenido históricamente la indemnización por despido sin causa justa.
“Hasta ahora, despedir a alguien con 20 años de antigüedad en el empleo era carísimo, lo que obligaba a la empresa a pensarlo dos veces. Ahora, con un fondo en el cual ya se acumuló el dinero necesario para pagar esa indemnización, esa decisión del empleador es mucho más fácil”, sostiene.
Al mismo tiempo, el sistema también presenta un aspecto positivo para el trabajador: al estar el dinero de la indemnización previamente acumulado, se reduce el riesgo de no cobrar en caso de insolvencia de la empresa. En ese sentido, el abogado explicó: “Si el dinero ya se acumuló en el FAL, no importa si el empleador tiene solvencia económica para afrontar el pago de la compensación económica por la extinción del contrato o si no la tiene”.