El paro general convocado por la CGT se desarrolla en un contexto de tensión económica y debate político en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Más allá de la dimensión sindical, la medida adquiere relevancia por el nivel de respaldo social que muestra el último relevamiento nacional de Zentrix.
Según la encuesta realizada entre el 18 y 19 de febrero, el 71,9% de los consultados manifestó estar a favor del paro. De ese total, el 67,5% apoyó la medida con movilización y el 4,4% sin movilizarse. En contraposición, el 27,3% expresó su desacuerdo y el 0,8% no respondió. Se trata de una mayoría amplia que valida la medida de fuerza aun cuando la propia CGT decidió no realizar una movilización masiva.
En paralelo, el monitoreo de opinión pública sobre la reforma laboral muestra una variación en los últimos tres meses. En noviembre de 2025, el 55% se declaraba a favor de la iniciativa y el 39% en contra. En febrero de 2026, el respaldo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo ascendió al 45,2%. La diferencia entre ambas posiciones se redujo de 16 puntos porcentuales a poco más de tres, configurando un escenario de mayor polarización.
Este movimiento no implica un rechazo mayoritario a la reforma, pero sí una pérdida de margen a favor del oficialismo en la discusión pública. La evolución de la opinión parece acompañar una etapa en la que el contenido del proyecto comienza a debatirse con mayor detalle y en la que sus posibles efectos sobre el mercado laboral adquieren mayor visibilidad.
El contexto económico funciona como telón de fondo de este proceso. En los últimos dos años se registró el cierre de más de 21.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo formales. Las pymes, que concentran alrededor del 70% del empleo privado registrado, se vieron particularmente afectadas por la contracción del consumo, el aumento de costos financieros y la caída del poder adquisitivo.
El paro, además, tiene un impacto económico cuantificable. La estimación central ubica la pérdida neta de valor agregado en aproximadamente USD 461 millones para una jornada de 24 horas con paralización del transporte público. Esa cifra equivale al 0,0685% del PBI nominal anual 2025 y a cerca del 19,9% de un día hábil equivalente de actividad económica. Los sectores más expuestos son aquellos con alta presencialidad y fuerte dependencia logística, como comercio, construcción, hoteles y restaurantes, y transporte y comunicaciones. En actividades de servicios presenciales, parte de la producción no puede recuperarse en días posteriores.
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