Mientras las centrales gremiales destacan el “altísimo” acatamiento al paro general en contra de la Reforma laboral, el Gobierno y el sector privado miden el impacto económico que, según un informe de UADE asciende a u$s 489 millones. La flexibilización laboral que impulsa el Gobierno mientras en la Argentina crecen los cierres de empresas y despidos, despertó al sector sindical y activó el clima de tensión. El paro general, convocado en rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral que ya cuenta con media sanción, ha logrado un acatamiento que las centrales obreras califican de “total”. Según el informe detallado del Instituto de Economía de la UADE (INECO), el costo de paralizar el país durante 24 horas asciende a $696.268 millones, lo que representa el 20,3% de lo que se hubiera producido en un día normal y el 0,8% del PIB mensual de febrero. Entre los sectores más afectados se destacan los asociados a la facturación en dólares como el comercio y el turismo internacional, con impacto en actividades vinculadas. La Cámara Argentina de Turismo (CAT) alertó sobre la fragilidad de una industria que “genera empleo en todas las provincias, impulsa a miles de pymes y motoriza cadenas de valor que incluyen transporte aéreo y terrestre, hotelería, gastronomía, agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, entre muchos otros rubros”. “Cada jornada de paralización implica cancelaciones, reprogramaciones, pérdida de ingresos y un fuerte impacto en la confianza de los viajeros, tanto nacionales como internacionales”, afirmó. Por su parte, desde CIARA-CEC que representa a los principales complejos agroindustriales aseguraron que los principales puertos exportadores del país “no operan con normalidad”. En un comunicado la entidad cargó contra los gremios: “Esta medida de fuerza evidencia una resistencia corporativa al cambio, priorizando la preservación de estructuras de poder por sobre la creación de empleo genuino”. El sobrecosto entre multas de las agencias internacionales por demoras y mayor tiempo de espera en terminales portuarias asciende a u$s 7 millones por embarcación. En cambio, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en distintos puntos del país y en líneas generales se observa un “muy bajo nivel de afectación sobre el comercio”. Aun así, la entidad señaló que por el paro de transporte “sí se detecta una merma notoria en la afluencia de público”. Para los sindicatos, el acatamiento no refleja un costo económico, sino un mensaje político. Desde las terminales de carga y pesca, los portuarios nucleados en SUPA confirmaron que el sistema logístico está “totalmente detenido”. Armando Alessi, titular del SICONARA (Conductores Navales) aseguró que la nueva ley “no es modernización, es un recorte de derechos”. Sostienen que la nueva ley pretende convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor protección legal, lo que facilitaría el fraude laboral y pondría en riesgo las garantías esenciales frente al abuso patronal. Mientras el Gobierno nacional defiende la ley como una vía para duplicar la formalización del mercado, los gremios advierten que no cederán en su lucha. Impacto por sectores Al sumergirse en los datos del informe de UADE, la vulnerabilidad de ciertos sectores queda expuesta. Los Sectores Productores de Servicios son los que más dinero dejan de percibir en términos nominales, con una pérdida de u$s 253 millones. Dentro de este universo, el impacto en Enseñanza y Salud (u$s 78 millones) y el Comercio (u$s 35 millones) refleja la incidencia de la falta de transporte. Por el lado de los Sectores Productores de Bienes, la pérdida alcanza los u$s 154 millones. La Industria Manufacturera lidera el impacto con u$s 98 millones perdidos, lo que significa que el 27% de sus máquinas y procesos se detienen por completo. En tanto, la Construcción registra el mayor desplome relativo: un 40,5% de su actividad diaria queda trunca, lo que equivale a u$s 48 millones.