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El Gobierno nacional modificó los pliegos de la licitación que apunta a privatizar la gestión de casi 4.000 kilómetros de rutas nacionales. A través de la Resolución 703/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 14 de mayo por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes en el Boletín Oficial, se incorporó la Circular Modificatoria N° 2 a los documentos de la licitación pública nacional e internacional correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.
Es la segunda corrección en menos de diez días: la Circular N° 1 había sido aprobada el 7 de mayo para modificar la fecha de cierre de presentación de ofertas. La nueva circular, impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), introduce 23 cambios que van desde la corrección de errores materiales en los documentos hasta la incorporación de obligaciones técnicas nuevas para los futuros concesionarios.
La fecha de cierre para la recepción de ofertas era inicialmente el 18 de mayo, pero se corrió hasta el 22 de mayo.
La privatización de Corredores Viales
La Etapa III se encuadra en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que hoy administra alrededor de 6.000 kilómetros de caminos en todo el país, organizados en 10 corredores. La ley 27.742 —conocida como Ley Bases— declaró a Corredores Viales “sujeta a privatización”, y el Decreto 97/2025 autorizó su traspaso al sector privado bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El proceso se organiza en etapas sucesivas. La Etapa I ya fue implementada, la Etapa II-A fue iniciada en noviembre de 2025 y la Etapa II-B está en trámite desde febrero de 2026. La Etapa III, habilitada mediante la Resolución 174/2026 el pasado 21 de febrero, es la de mayor alcance geográfico: comprende ocho tramos que suman 3.920 kilómetros en el centro y norte del país.
Según los considerandos de la normativa, el objetivo declarado de la Red Federal de Concesiones es “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”. El ministro Caputo sostuvo que el esquema permitirá contar con “una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.
Rutas a privatizar: los ocho tramos de la Etapa III
Las concesiones de la Etapa III en espera de una definición totalizan 3920,21 kilómetros y son las siguientes:
- Cuyo: 329,09 kilómetros, RN 7
- Centro Norte: 536,43 km, RN 34
- Noroeste: 596,52 km, RN 9, 34, 66, 1V66, A-016
- Chaco - Santa Fe: 497,18 km, RN 11
- Litoral: 546,74 km, RN 12, 16
- Noreste: 456,22 km, RN 12, 105
- Centro: 681,92 km, RN 9, 19, 34
- Mesopotámico: 276,11 km, RN 12, 18
Los privados que resulten adjudicatarios quedarán a cargo de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias.
Las concesiones se otorgarán por plazos de entre 20 y 30 años.
Qué cambia con la nueva modificación de las licitaciones
El análisis del anexo de la nueva circular publicada este viernes 15 de mayo —el documento técnico que integra la resolución— revela que las modificaciones son de dos tipos. La mayoría son correcciones de errores materiales en los pliegos: numeración incorrecta de artículos, kilómetros con decimales faltantes, nombres de tramos equivocados en cláusulas operativas y referencias geográficas erradas.
Sin embargo, hay incorporaciones de fondo que van más allá de la corrección formal. La más llamativa es la referida al Puente General Belgrano, en el Tramo Litoral: se añaden dos artículos nuevos que establecen obligaciones de monitoreo estructural específicas para el concesionario. Deberá realizar nivelaciones anuales completas de los obenques —los cables tensores del puente, el más largo del país— para detectar deformaciones, mantener un archivo histórico de esas mediciones y reportar a la DNV. Las reparaciones estructurales mayores quedarán a cargo del Estado.
También se incorporan especificaciones técnicas para el mantenimiento del Túnel Internacional Cristo Redentor, en el Tramo Cuyo, una obra de alta complejidad y relevancia estratégica para el comercio exterior con Chile.
En materia de obras obligatorias, los cambios son también relevantes. En el Tramo Litoral se agrega la refuncionalización del sistema lumínico de la Ruta Nacional N° 16 entre los kilómetros 17,60 y 57,00, que no estaba contemplada en los pliegos originales. En el Tramo Noreste se incorpora la puesta en valor del sistema lumínico en la RN N° 12 entre los kilómetros 1.349,20 y 1.362,64 en Misiones.
Otro ajuste relevante afecta a la Ruta Nacional N° 105 en Misiones: el pliego original indicaba que se incorporaría a la concesión el 16 de marzo de 2026, al vencerse el convenio entre la DNV y la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones. La circular informa que ese convenio fue prorrogado cuatro meses, hasta el 16 de julio de 2026, o hasta que el nuevo concesionario tome posesión efectiva del tramo.
Por último, una corrección ambiental: el pliego del Tramo Noreste referenciaba erróneamente la “Reserva Provincial de Usos Múltiples Islas de Victoria” —que está en Entre Ríos— cuando en realidad la traza en cuestión pasa por el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto Península en Misiones. Una imprecisión geográfica de peso.
Corredores Viales: una licitación bajo escrutinio técnico
La publicación de dos circulares modificatorias en menos de diez días sugiere que los pliegos originales de la Etapa III llegaron al mercado con inconsistencias que los potenciales oferentes —constructoras, operadores viales y fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales— detectaron y señalaron.
El proceso es seguido de cerca por el sector privado: la licitación se publica tanto en el sistema CONTRAT.AR como en el portal DGMARKET del Banco Mundial, lo que indica que hay interés en convocar oferentes del exterior.
El impacto económico preciso de los cambios en las obras obligatorias —y si implican modificaciones en los montos de inversión comprometidos por los futuros concesionarios— dependerá de los valores que surjan de las ofertas. Lo que está claro es que el Gobierno mantiene activa la agenda de concesiones viales como uno de los pilares de su política de privatización de empresas públicas, con plazos que corren y pliegos que aún se afilan.