Los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron esta mañana un amparo contra el DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia y posibilita la detención de personas. Los legisladores solicitaron que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta.
Por sorteo, el caso le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo 4, de la jueza Rita Alián.
“Presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, adelantó Ferraro a través de una publicación en su cuenta de X.
En este sentido, los legisladores solicitaron una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.
Para el texto, el DNU otorga al personal de inteligencia facultades de aprehensión, propias de fuerzas de seguridad.
Según el amparo, esto implica una reforma material del régimen penal y procesal penal, materia expresamente vedada a los DNU. Por tanto, se violaría el artículo 18 de la Constitución y estándares internacionales de libertad personal y debido proceso.
Además, el elimina la separación entre inteligencia y seguridad interna, los legisladores advierten el riesgo de un “Estado policial” y de persecución a opositores, periodistas o movimientos sociales Amparo contra DNU 941-2025.
Uno de los puntos claves del amparo indica que el DNU se dictó cuando el Congreso estaba en funciones (sesiones extraordinarias), por lo que no existía impedimento alguno para el trámite legislativo
“No hubo ni hay necesidad ni urgencia”, aseveró Ferraro. En este sentido, aseguró que la medida del Ejecutivo no cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional.
Según los denunciantes, la medida avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al “otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184″.
Asimismo, según los denunciantes, el decreto invade sobre una ley sancionada por el Congreso (Ley 25.520), arrogándose facultades legislativas. “El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, concluyó Ferraro.
