El proyecto de Ley de Modernización Laboral que llega este viernes al Senado para convertirse finalmente en ley trae consigo un debate que excede la relación entre empleadores y trabajadores: la abogacía laboralista salió a cuestionar dos artículos que, según advierten, podrían restringir el acceso a la Justicia de los propios trabajadores que dicen representar. Pero para el oficialismo, esas normas apuntan a algo concreto: poner límites a prácticas abusivas dentro del litigio laboral. El corazón de la polémica está en la modificación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la gratuidad del proceso laboral. La reforma mantiene ese principio, pero agrega una salvedad de peso: si en el expediente queda configurada una “pluspetición inexcusable” —es decir, si el juez determina que el monto reclamado fue sobreestimado de manera objetiva—, las costas del juicio deberán ser pagadas solidariamente por la parte y por el abogado que la representó. En resumen: si un letrado infló el reclamo sin sustento, responde con su propio bolsillo. La lógica detrás de la norma es desalentar una práctica habitual en el fuero laboral, donde algunos estudios jurídicos presentan demandas con montos exorbitantes como estrategia de presión o negociación, sabiendo que el trabajador no tiene riesgo patrimonial por la gratuidad del proceso. Con este cambio, el profesional sí lo tendría. El segundo punto en disputa es el artículo 277, que habilita el pago en cuotas de las sentencias condenatorias: hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para pymes. La norma incluye en ese esquema tanto el crédito del trabajador como los honorarios de sus abogados. Además, fija un tope: las costas procesales —honorarios incluidos— no podrán superar el 25% del monto total de la sentencia o acuerdo. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que nuclea a casi 90.000 matriculados, envió una carta a Martín Menem y a los jefes de los bloques parlamentarios para advertir sobre lo que considera “graves implicancias” para el ejercicio profesional. Su principal objeción al artículo 20 es que la pluspetición queda configurada de manera objetiva, sin necesidad de probar mala fe ni conducta temeraria. Para el Colegio, eso es excesivo: ya existen herramientas procesales para sancionar abusos, y aplicar esta responsabilidad solo en el fuero laboral implicaría un trato discriminatorio respecto de otras ramas del derecho. El riesgo real, advierten, es que ante la amenaza patrimonial los abogados opten por reclamos más conservadores o directamente rechacen casos de menor cuantía o larga tramitación. Respecto del artículo 277, cuestionan que en un fuero históricamente diseñado para proteger créditos de naturaleza alimentaria se equipare al trabajador —y a su abogado— con cualquier otro acreedor, diluyendo esa tutela reforzada.