Como si se tratara de un cuento kafkiano, o tal vez borgeano, la Reforma Laboral tan celebrada por el Gobierno comenzó a atravesar un laberinto judicial del que tardará en salir, sin resultado seguro. El caso ya carga con un amparo que prácticamente la deja sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sin embargo, el Gobierno aún tiene cartas para jugar y algunos pasos intermedios podrían serle muy favorables. Entendidos en la materia consultados por El Cronista subrayan que, mientras algo quede firme, muchos jueces laborales están dictando inconstitucionalidades de hecho y aplican las normativas derogadas o modificadas. Muchas veces se trata de causas con varios años en las que, a la hora de realizar un cálculo indemnizatorio, rechazan lo sancionado por el Congreso y se basan en la antigua Ley de Contrato de Trabajo. Pero más allá de esos casos puntuales, hay grandes expedientes en trámite: la Confederación General del Trabajo (CGT) consiguió un amparo que suspende la aplicación de más de 80 artículos, mientras que el sindicato de Judiciales logró una cautelar para evitar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Es allí donde se darán las principales batallas judiciales. Respecto del traspaso del fuero, la mayoría de los juristas lo rechaza y es probable que la iniciativa del Gobierno sufra un duro traspié en ese sentido. La Asociación de Magistrados ya había anunciado que se presentaría para conseguir su inconstitucionalidad. Por ahora, mientras no se resuelva el “fondo”, todo traspaso está congelado. Pero, a los ojos de la Casa Rosada, el principal foco está en la resolución adoptada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Ojeda, quien dictó la cautelar que también puso en pausa el grueso de la ley, haciendo lugar al pedido de la CGT. Sobre ese expediente hay muchas opciones a tener en cuenta. La primera es la competencia de los fueros: el Contencioso Administrativo quiso, tal como pide el Gobierno, hacerse del caso y desplazar al fuero laboral. El jueves por la tarde, en duros términos, Ojeda rechazó los argumentos del Contencioso, acusándolo de querer una medida “genérica” e incluso “falaz”. Desde el período de prueba y las indemnizaciones por despido hasta el derecho de huelga, la negociación colectiva y las prácticas sindicales, todo —afirmó— forman parte del núcleo duro del derecho laboral. Esa resolución quedó en manos de la Cámara del Trabajo, que difícilmente falle en contra de su fuero y envíe el expediente al Contencioso, aunque todo puede pasar. Pero eso es solo una parte del asunto. El Gobierno, a través de su representación, solicitó mientras tanto a la Corte Suprema un per saltum para dirimir la cuestión. Expertos en Derecho consultados por este diario sostienen que el máximo tribunal deberá resolver el fondo de este tema en algún momento, pero aclaran que han sido muy raras las ocasiones en las que hizo lugar al “salto” de instancias. Entre las más recordadas está la disputa en torno a la constitucionalidad de la Ley de Medios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si la Corte rechaza el per saltum, el expediente seguirá su camino, lento o rápido, por los tribunales. La Casa Rosada podría conseguir un triunfo momentáneo si se hiciera lugar al pedido para dar de baja la medida cautelar que frena la aplicación de la ley hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. De conseguir ese fallo, al contrario de lo que sucede ahora, la norma estaría vigente hasta que se alcance un veredicto. Allí, los apurados estarían del otro lado del mostrador y serían los sindicatos quienes pedirían acelerar. Como hay cautelares y derechos en juego, el tránsito hacia la Corte podría ser más o menos lento, pero no tanto como en cualquier otra disputa. Tendría que haber un fallo en primera instancia y uno de la Cámara antes de que el expediente llegue a las manos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Fuentes judiciales consultadas no están tan seguras de que el máximo tribunal esté dispuesto a dejarle el tema al Contencioso, pero sí creen que puede tomarse su tiempo para dictaminar. En ese sentido, señalan que el decreto 70/23 llegó a ese ámbito pocos meses después de haber sido dictado y que los jueces supremos aún no se han expedido. “Son los tiempos de la Justicia, y de los jueces”, aclara un conocedor del tema.