El Gobierno admite que la negociación con las provincias por el excedente del Fondo del Conurbano puede crear tensión en el debate de la ley de Responsabilidad Fiscal en el Congreso. Pero entiende que negarse a aprobar esa ley, que limita el gasto corriente para las provincias, puede llevarlas a tener que cumplir la versión actual de la ley, que es cumplir con el equilibrio financiero, un objetivo mucho más exigente.
Así lo describió ayer Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la Nación, ante un grupo de periodistas, tras participar de la jornada "El estado del Estado en la Argentina", coorganizada por Cippec y ASAP.
Pena dijo en su exposición que la ley de Responsabilidad Fiscal que se enviará al Congreso "es de transición", ya que previamente se debatió con las provincias "atender situaciones particulares y establecer una regla general", que son metas de gasto corriente primario constante en términos reales.
"Las provincias no podían situarse de inmediato en una situación de equilibrio financiero", explicó, por lo que se negoció con ellas "metas de gasto para lograr el equilibrio financiero en el tiempo".
Entiende que si las provincias cumplen con la ley, reciben el 3% incremental de coparticipación de ANSeS y crece la economía, el déficit del 0,5% del PBI que presentan hoy se transformará en un superávit del 2,6% en seis años.
Esa mejora de 3 puntos sobre el PBI es lo que permitirá "bajar la carga tributaria provincial", que se traduce en una baja de Ingresos Brutos, dijo Pena.
