Al próximo presidente de la Argentina se le van sumando tareas cada vez más sensibles. Luego de conocerse ayer el decreto oficial que establece las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia (la ex SIDE), Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa ya saben que las escuchas telefónicas quedarán bajo el control de la Procuradoría General y que se podrá espiar a las empresas y bancos a los que el Gobierno de turno considere sospechosos de tramar maniobras financieras o impulsar corridas cambiarias para instrumentar el fantasma preferido del discurso económico kirchnerista: el que llaman "golpe de mercado".
Más que la letra oficial, ampulosa y dominada por ciertos toques de paranoia política, la preocupación surge de las personas que ejercen hoy la gestión estatal. El actual jefe de la Inteligencia es el dirigente Oscar Parrilli, es quien suele dedicarse a redactar las desmentidas presidenciales a los artículos de prensa que no acompañan la sinfonía K. Y las escuchas quedan a cargo de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien comanda en persona la ofensiva contra los jueces díscolos y dirigió la destrucción de la carrera judicial del fiscal independiente José María Campagnoli.
En medio de la recesión, del cepo cambiario y de la presión contra bancos y agentes financieros para controlar el dólar, el decreto 1311 es un desafío para que el próximo presidente sepa distinguir entre la prevención necesaria de los delitos económicos y el ejercicio de la venganza contra los ciudadanos que tengan ideas diferentes a las del poder imperante.
