Con la inflación golpeando fuertemente el poder adquisitivo de las familias y a solo días de que el Indec informe nuevos datos sobre el impacto de la pobreza y la indigencia en los hogares, agrupaciones políticas y organizaciones sociales se preparan para elevar el tono de sus reclamos ante el Congreso y el Poder Ejecutivo en busca de más herramientas y recursos con los que llegar a la población más vulnerable.
Al margen de las estadísticas oficiales, pero conscientes de la situación que atraviesan miles de personas en asentamientos y barrios humildes, desde el Polo Obrero anticiparon a El Cronista que esta semana planean "salir fuerte" para reclamar una asistencia extraordinaria a los sectores populares.
En paralelo, y con menor margen de confrontación por entenderse dentro del Frente de Todos, desde el Movimiento Evita anticiparon una movilización frente a varias dependencias oficiales y el Congreso para impulsar la aplicación de Ley de Abastecimiento como un mecanismo para aplacar la suba de precios de productos de consumo masivo y avanzar contra "los formadores de precios". Ya el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había dado plazo a los fabricantes para dar marcha atrás con las últimas disparadas de precios.
"Frente a este panorama, que es bastante habitual y repetido a los largo de nuestra historia, creemos que el Estado nacional tiene herramientas concretas que puede y debe aplicar para, por un lado sancionar a los 'vivos' que buscan agrandar su cuenta a costillas de la gente y, por otra parte, para aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados", indicaron dirigentes de Somos-Barios de Pie.
Las organizaciones exigen al Ejecutivo que aplique la Ley de Abastecimiento, interviniendo en los mercados para fijar precios y establecer "márgenes de utilidad lógicos" para evitar "los excesos, la especulación y los aumentos preventivos injustificados".
Asimismo, los movimientos sociales exigen la plena aplicación de la Ley de Góndolas, cuya orientación general es contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, elementos de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo, ampliando la oferta de productos artesanales y regionales producidos por micro, pequeñas y medianas empresas, sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas, organizaciones sociales y asociaciones mutuales.
Las entidades convocantes a expresarse esta semana entienden que así podrán "romper el monopolio de las grandes alimenticias" que "ocupan la mayor parte de las góndolas de los supermercados y quedan como jugadoras privilegiadas en las grandes superficies".
