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El oficialismo puso en marcha la discusión por la desregulación del cabotaje en el Senado, pero finalmente no logró cerrar el dictamen que buscaba firmar este miércoles. Las dos iniciativas que se discutieron en el plenario quedaron a disposición de los senadores para la firma, mientras continúan las negociaciones para introducir modificaciones al proyecto que impulsa el Gobierno.
La intención del oficialismo y sus aliados es conseguir las firmas antes del 5 de noviembre para intentar llevar el tema al recinto.
Voces allegadas a los legisladores misioneros aseguraron que no se descarta incorporar artículos del proyecto presentado por el senador Jorge Capitanich, que propone un régimen especial y temporal para fortalecer el cabotaje nacional y la Marina Mercante.
Sin embargo, quienes llevan adelante el proyecto aseguraron a El Cronista que el problema es que falta una firma. Se trata del senador santiagueño José “Pichón” Neder.
Desde los aliados indicaron a este medio que “debería firmar” porque “es el proyecto del Norte Grande y Gerardo Zamora lo apoya”. “Se comprometió con los gobernadores a votarlo”, deslizaron a El Cronista.
El problema del plenario fueron las ausencias de libertarios y radicales, al solo poder firmar los que estuvieron presentes solo quedaron como alternativas que o bien firme el senador santiagueño el proyecto o se convoque nuevamente a Plenario y se reanude el cuarto intermedio donde estén los ausentes.
“En ese caso no llegamos a aprobarlo en las ordinarias, porque una nueva reunión recién se puede pensar para después de la visita del Papa”, indicaron.
Además, voces allegadas al bloque de aliados evalúan que Capitanich podría conseguir su propio dictamen de minoría y que haya dos dictámenes en la sesión.
La discusión se produjo en una reunión conjunta de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda, donde expusieron funcionarios nacionales, representantes de las provincias, empresarios y sindicatos.
El proyecto principal es el presentado por Carolina Moisés y otros senadores, que crea un Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria y abre el cabotaje nacional a empresas de cualquier bandera.
La segunda iniciativa corresponde a Capitanich y plantea el Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN).
El objetivo del oficialismo es modificar el régimen vigente para permitir que buques de bandera extranjera puedan realizar operaciones de cabotaje entre puertos argentinos.
El proyecto fue impulsado desde el inicio de este gobierno por Federico Sturzenegger con al idea de que una mayor competencia permitiría reducir los costos logísticos y aprovechar la infraestructura portuaria del norte argentino, donde buena parte de la producción continúa trasladándose por camión.
Sin embargo, el debate dejó planteadas diferencias que todavía deben resolverse antes de que el texto avance.
El punto que traba el acuerdo
Uno de los principales cuestionamientos llegó desde el sector empresario y los gremios vinculados a la Marina Mercante, que rechazaron una apertura que consideran que dejaría el mercado librado a China y Paraguay.
José Pablo Elverdin, de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), sostuvo que las dificultades de competitividad del sector no se explican solamente por el régimen de cabotaje. Según planteó durante el plenario, las principales asimetrías están vinculadas con la carga impositiva y social y con la estabilidad económica frente a otros países de la región.
En este sentido, el empresario marcó que en Paraguay la carga impositiva de los armadores es del 10%, mientras que en Argentina asciende al 35% y en el proyecto del Ejecutivo se reduce al 25%.
“Las condiciones no están dadas”, afirmó, y cuestionó que la reforma vaya a conseguir por sí sola el regreso de las barcazas a la Argentina. La entidad, además, presentó una propuesta de modificaciones sobre los proyectos que fueron analizados por los senadores.
Los gremios también plantearon reparos. Jorge Tiravassi, de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), advirtió por el impacto de la apertura sobre los trabajadores argentinos y cuestionó especialmente el esquema de participación de embarcaciones extranjeras.
“Para nosotros este es un tema muy sensible”, sostuvo Tiravassi, quien señaló que una parte importante de los trabajadores marítimos de Corrientes podría quedar afectada por el nuevo régimen.
La discusión laboral es uno de los puntos que el oficialismo deberá resolver para conseguir un texto que pueda reunir las firmas necesarias.
El Gobierno defiende la apertura
El Ejecutivo, en cambio, ratificó su respaldo a la reforma. Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sostuvo que el proyecto “federaliza la producción” y apunta a reducir el costo logístico de las economías regionales.
“Lo que estamos buscando es optimizar la logística argentina, evitar el tráfico de camiones y el costo que eso implica”, afirmó durante la reunión.
Según los cálculos presentados por el funcionario, el transporte por vías navegables podría reducir entre un 50% y un 70% el costo total del traslado en determinadas actividades. El objetivo es que las producciones del norte puedan llegar a mercados que hoy quedan fuera de alcance por el costo del transporte terrestre.
Por su arte, Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, también defendió el proyecto y mostró comparaciones sobre los costos del traslado de granos por camión y por la hidrovía. Al mismo tiempo, explicó las diferencias entre las dos iniciativas en materia impositiva y de restricciones a la operación de buques extranjeros.
Desde el sector del cabotaje indicaron a El Cronista que se trata de números y especulaciones que no tienen una base real.
La alternativa de Capitanich
En ese escenario aparece el proyecto de Capitanich como una posible fuente de modificaciones al texto que impulsa Moisés.
El senador chaqueño presentó un Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina, con un enfoque diferente al de la apertura generalizada. Durante el plenario, el perito naval y marino mercante Fernando Morales respaldó esa iniciativa y planteó que puede funcionar como una etapa de transición para corregir las dificultades actuales sin resignar el objetivo de recuperar una flota nacional.
“Nos da la posibilidad de corregir los errores y darles a los gobernadores y a los productores lo que pretenden, y trabajar seriamente en recuperar la Marina Mercante”, sostuvo Morales.
El planteo también puso sobre la mesa una cuestión estratégica: la pérdida de una flota mercante nacional y su impacto sobre la capacidad argentina para operar en el Atlántico Sur.
La posibilidad de incorporar algunos artículos del proyecto de Capitanich es ahora uno de los elementos que están sobre la mesa en la negociación para cerrar el dictamen. Desde sectores cercanos al bloque misionero aseguran que la intención es llegar con las firmas antes del 5 de noviembre, aunque el texto podría sufrir modificaciones durante ese proceso.
Qué propone el proyecto del gobierno
La iniciativa principal habilita que la navegación y el comercio de cabotaje puedan ser realizados por buques de bandera argentina, aquellos que tengan tratamiento de bandera argentina y embarcaciones extranjeras.
Al mismo tiempo, mantiene una reserva para los buques argentinos en actividades consideradas estratégicas, como la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos.
Los buques extranjeros deberán informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) su ingreso y el período durante el cual operarán en el cabotaje nacional.
En materia laboral, el texto establece que las condiciones y obligaciones de las tripulaciones estarán regidas por la legislación del país de abanderamiento, con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT como estándar mínimo.
La iniciativa también incorpora beneficios impositivos para los armadores nacionales. Entre otras medidas, establece una alícuota de Ganancias del 25% para quienes desarrollen habitualmente actividades de cabotaje y contempla una amortización acelerada para inversiones vinculadas con el sector.
Además, propone modificar el régimen de admisión temporaria para los contenedores utilizados en el comercio exterior.