El gobierno de Javier Milei tiene en marcha un plan de reformas en materia de propiedad intelectual que abarca varios frentes simultáneos: la modificación del régimen de patentes farmacéuticas ya ejecutada por decreto, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que deberá votar el Congreso antes del 30 de abril, y la reforma del sistema de semillas que el propio mandatario prometió en la apertura de sesiones legislativas.
Las tres medidas forman parte de los compromisos asumidos ante Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado el 5 de febrero de 2026, el cual todavía se mantiene en revisión por el fallo judicial en el país norteamericano por los gravámenes de Donald Trump. Quien lleva adelante la estrategia para implementar esta reforma es principalmente el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger.
El primer movimiento fue el 18 de marzo con la derogación de la Resolución Conjunta 118/2012, la normativa que desde la gestión kirchnerista imponía criterios específicos y restrictivos para el otorgamiento de patentes farmacéuticas y biotecnológicas. La Resolución Conjunta 1/2026 fue firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el de Economía, Luis Caputo, y el presidente del INPI, Carlos María Gallo.
Sturzenegger definió la decisión como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual” y sostuvo que la normativa derogada había hecho “muy difícil, sino imposible, obtener la patente de un medicamento en Argentina”.
El cambio elimina el decálogo técnico que regía el análisis de solicitudes y devuelve al INPI la potestad de evaluar cada caso de manera individual, aplicando únicamente los criterios universales de la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
La derogación rige solo para trámites futuros. Los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados y podrán seguir comercializándose sin restricciones, ya que no es retroactivo.
La medida generó una fractura dentro del sector. Los laboratorios multinacionales la celebraron como una normalización largamente reclamada, mientras que los nacionales, en cambio, advirtieron sobre los riesgos de que el nuevo esquema facilite el “evergreening”, la práctica de extender artificialmente el período de protección de una patente mediante modificaciones menores, y limite el acceso a genéricos.
Desde CILFA, la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales, estimaron que los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares alcanzaban los u$s 2.214 millones anuales y que, de reducirse ese mercado, el impacto sobre obras sociales, prepagas y pacientes sería significativo.
El segundo frente es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuyo tratamiento el Gobierno prevé llevar al Congreso la semana del 20 de abril tal como adelantó El Cronista, para votarlo antes del 30. Ese plazo surge directamente del acuerdo con Washington: es la fecha a la que el Ejecutivo se comprometió con la administración de Trump.
El PCT amplía de 12 a 30 meses el plazo para extender la protección de una patente a otros países desde la primera solicitud, en lugar de los 12 meses que actualmente rigen bajo el Convenio de París. Esos 18 meses adicionales son el margen que necesitan los inventores más pequeños para conseguir financiamiento y evaluar si el mercado en cada país justifica la inversión.
El sistema también unifica en una sola solicitud internacional el trámite que hoy obliga a presentarse por separado en cada jurisdicción donde se quiere proteger la innovación.
El Senado había aprobado el tratado en 1998, pero nunca llegó a Diputados. El Gobierno eligió retomar ese expediente sin modificaciones, en lugar de generar un nuevo texto. El argumento es que los tratados internacionales no caducan en el trámite legislativo por el paso del tiempo y que quien adhiere al PCT ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, incluyendo la modificación de 2001 que extendió los plazos.
El tercer frente es el más conflictivo. El acuerdo con Estados Unidos incluye la adhesión de Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) antes de fines de 2027, lo que obligaría también a adaptar la Ley de Semillas vigente, que data de 1973 y prácticamente no tuvo modificaciones desde entonces.
Hoy Argentina está adherida al Acta 1978 de UPOV, un esquema más permisivo para los productores. La diferencia central es el “uso propio”: bajo UPOV 78, el productor puede guardar parte de su cosecha para volver a sembrar sin costo adicional. Con UPOV 91, ese derecho deja de ser automático y puede requerir autorización expresa del obtentor de la semilla, además del pago de regalías adicionales.
Milei puso el tema en el centro del debate en la apertura de sesiones legislativas, con el argumento de que la falta de protección adecuada a los innovadores genéticos le está costando a Argentina productividad frente a Brasil. “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1.400. Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina”, dijo el Presidente.
El argumento choca de frente con los números que cita el propio campo opositor a UPOV 91, el cual fortalece los derechos de los obtentores y limitando el “uso propio” de semillas por agricultores.
Brasil adhiere a UPOV 78 — el mismo esquema que Argentina — y aun así duplicó su producción de soja y alcanzó niveles récord de 345 millones de toneladas de granos, sin necesidad de adoptar el acta más restrictiva. Para las entidades ruralistas, el problema real de la brecha productiva no son las semillas sino las retenciones.
Fuentes con conocimiento de las negociaciones precisaron a El Cronista que la estrategia tiene tres pasos: primero avanzar en “mayor fiscalización” del sistema actual, luego discutir reformas normativas en la ley de semillas, y recién cuando se ratifique UPOV 91, antes del cierre de 2027, adaptar el texto legal de manera obligatoria.
La secuencia indica que el Gobierno no tiene apuro en llevar la reforma al Congreso este año, pero que tampoco puede esquivar el debate indefinidamente.
El acuerdo con Estados Unidos también prevé la presentación ante el Congreso, antes de fines de 2027, del Tratado de Budapest sobre depósito de microorganismos, el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales y el Tratado sobre el Derecho de Patentes. En conjunto, el paquete implica la transformación más profunda del sistema de propiedad intelectual argentino en décadas, en un plazo de menos de dos años.