Luego de que el Gobierno nacional confirmara por decreto el traslado del histórico Sable Corvo del Libertador José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, los herederos de la familia Terrero presentaron ante la Justicia una medida cautelar para impedir que se concrete el cambio de custodia.
Según pudo saber El Cronista, los descendientes del donante original solicitaron una “prohibición de innovar” para que el sable permanezca en el Museo Histórico Nacional, tal como —afirman— fue establecido como condición expresa en la donación aceptada por el Estado en 1897.
La acción fue presentada por Mercedes, Sebastián y María Rosa Terrero, junto a sus hijos Malena Terrero y Candelaria Domínguez Cossio, quienes se acreditan como herederos legítimos de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino, vinculado históricamente con la cadena de custodia del arma.
En el escrito, al que accedió El Cronista, los demandantes sostienen que “cualquier modificación respecto del destino del sable corvo alteraría de manera directa el patrimonio histórico y cultural de la Nación” y violaría el cargo impuesto en la donación.
La medida cautelar se conoce tras la publicación del Decreto 81/2026, que ordenó el traslado del sable desde el Museo Histórico Nacional hacia la sede militar ubicada en Avenida Luis María Campos 554, donde quedará bajo custodia permanente del Regimiento de Granaderos.
En su presentación judicial, los herederos argumentan que el sable fue donado por la familia Rosas-Terrero bajo la condición de que fuera depositado y exhibido en el Museo Histórico Nacional, punto que —según remarcan— surge de la correspondencia histórica intercambiada con el entonces director del Museo, Adolfo Carranza, y del decreto de aceptación firmado en marzo de 1897.
“El histórico objeto fue donado con la condición de que sea depositado en el Museo Histórico Nacional”, sostienen, y agregan que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso tendrían facultades para modificar ese destino.
Además, advierten sobre la inminencia del traslado, ya que —según señalan— el Poder Ejecutivo prevé un acto oficial el próximo 7 de febrero, para el cual el sable sería movido. Por eso, solicitaron incluso una medida interina urgente “inaudita parte”, es decir, sin esperar el informe previo del Estado, debido a la cercanía del evento.
En el escrito, también cuestionan la razonabilidad del traslado y aseguran que el Regimiento ya cuenta con una réplica del sable, por lo que consideran innecesario exponer la pieza original a un nuevo movimiento.
Los herederos recuerdan además antecedentes históricos: el sable fue sustraído en dos oportunidades durante la década del 60 cuando se encontraba en el Museo, lo que derivó en decretos posteriores que modificaron su custodia. Sin embargo, subrayan que en 2015, mediante el Decreto 843, el arma había retornado al Museo precisamente para cumplir con la condición original de la donación.
La presentación plantea que, si se incumple el cargo impuesto en 1897, podría habilitarse incluso la revocación de la donación conforme al Código Civil y Comercial.
Ahora será la Justicia la que deberá definir si suspende el traslado dispuesto por el Gobierno o si permite que el sable vuelva definitivamente al ámbito militar, en una controversia que reabre el debate sobre el destino institucional de uno de los símbolos más representativos de la historia argentina.
