

Luego de la marcha universitaria de ayer, el Gobierno busca acelerar con la confección de auditorías sobre las universidades e instituciones de la educación superior para controlar la calidad del gasto que estas hacen con las transferencias provenientes del Estado Nacional. "No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública", afirmó en un mensaje a través de su cuenta de X el presidente Javier Milei.
La sospecha del Gobierno sobre las universidades
En las filas del Gobierno mantienen que en algunas rectorías universitarias hay desvíos de fondos que son desviados como cajas para la política, razón por la cual no prevén dispensar el envío de las partidas presupuestarias ajustadas por inflación: sólo para el gasto de funcionamiento, el Ejecutivo se dispuso a aumentar los fondos prorrogados de enero de 2023 un 140% en el marco de una inflación que, acumulada, orilla el 300%.
"Se llevaron una plaza masiva, pero les va a doler a mediano y largo plazo con las auditorías que se van a hacer. Lo van a lamentar y van a saltar los curros", advertía un funcionario de Balcarce 50 al especular sobre las investigaciones en ciertas instituciones.

"Las universidades las sostenemos entre todos los argentinos y en esa lógica entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender qué pasa con todo el dinero de los contribuyentes", explicó este miércoles en su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.
En Argentina hay 65 centros universitarios de gestión estatal; de los cuales la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Plata encabezan el listado con mayor cantidad de estudiantes.
El mandatario libertario hizo énfasis en esa cuestión en diversas ocasiones en los días previos a la marcha. La más enfática fue cuando compartió un posteo del periodista Gabriel Anello, quien acusaba a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de pagar sueldos del Club Temperley con las partidas presupuestarias que recibe su institución educativa.
"Me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar", escribió Milei en sus redes.
Otro de los principales apuntados por el Gobierno es el vicerrector de la UBA, ex diputado nacional por la UCR, Emiliano Yacobitti, quien, además, integra el tándem político con el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes políticos con los que más buscan confrontar los libertarios. En su mensaje en redes, Milei mencionó al directivo universitario como uno de los "quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios".
El largo camino que tienen las auditorías universitarias
A pesar de que al comienzo se buscó instalar hacia el afuera de que se buscarían alternativas para hacer la auditoría sobre las universidades, este proceso sólo lo puede realizar la Auditoría General de la Nación (AGN). Esto surge a raíz de la interpretación de un dictamen jurídico publicado por la Procuración del Tesoro en 2022, que indica que eventualmente las universidades pueden acordar voluntariamente mecanismos de fortalecimiento del control interno con la SIGEN.
Asimismo, esa delegación ya se había establecido mediante la incorporación del Art. 59 bis en la Ley N°27.204, que le daba la competencia directa indelegable para hacer el control administrativo externo a la AGN. Este organismo fue pensado para tener autonomía funcional y facultades propias, a los fines de hacer auditorías y estudios especiales en asistencia técnicamente del Congreso de la Nación.
La Auditoría General de la Nación está presidida desde diciembre de 2023 por el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos y tiene seis auditores externos que lo acompañan: tres por votación del Senado y otros tres por Diputados; los cuales se suelen repartir entre los tres bloques con mayor cantidad de bancas en cada una de las cámaras. Actualmente el cuerpo tiene cuatro integrantes porque se les venció el mandato a los tres representantes de la Cámara de Diputados: para el cupo que le toca, el Gobierno impulsa al apoderado de la alianza La Libertad Avanza, Santiago Viola.

Desde la AGN alegan que hay recortes de tareas dado que hay una parte importante del cuerpo que no está designado. Siquiera está la voluntad de la Casa Rosada por acelerar las ternas en una sesión en Diputados: fuentes consultadas por este medio todavía no podían precisar plazo, dado que la prioridad está en la negociación y tratamiento de la Ley Bases.
La Presidencia de la AGN envió un mensaje al Gobierno al crear ayer una cuenta oficial de X (ex Twitter) y publicar una serie de puntos al respecto de las auditorías: en ese posteo, señaló que el Poder Ejecutivo no puede controlar de qué manera se aplican los recursos y que la Auditoría es la única con competencia para efectuar un control externo.
"El Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario", agregó la cuenta oficial. Dada la conflictividad que persisten en ambas cámaras en el contexto de las negociaciones por la Ley Bases, el paquete de Medidas Fiscales y la aprobación o no del DNU 70/23; la disposición de las fuerzas políticas para reunir esa comisión mixta parece lejana.
Las investigaciones que ya se hicieron
Fuentes de la AGN comentaron a El Cronista que se han realizado auditorías a veinte instituciones universitarias. Estas son la Universidad Nacional del Litoral, de Buenos Aires, de Rosario, de José C Paz, de Tucumán, de Formosa, de Jujuy, de Cuyo, de La Rioja, de Misiones, de San Luis, de La Pampa, de General Sarmiento, de la Plata, de Quilmes, del Sur, de Luján, de Tres de Febrero, de Mar del Plata, y la Universidad Tecnológica Nacional.
Aun así, los informes de control y ejecución presupuestaria brillan por su ausencia en una amplia gama de casos. En el caso de la Universidad de Buenos Aires sólo hay una auditoría con fecha del año pasado que fue hecha específicamente a la Facultad de Psicología. Para el anteúltimo informe hay que remontarse al año 2013, el cual constó de un estudio sobre la Facultad de Derecho.
Estas pueden ser consultadas en la web institucional a través del buscador de informes desde el 2000
"Estas abordan una amplia gama de temas, que van desde el control del ambiente y la ejecución presupuestaria, pasando por la gestión de la tecnología informática, transferencias, becas y convenios, compras y contrataciones, académica, personal, la estructura organizativa, hasta la administración de recursos propios", dijeron desde la AGN.
Funcionarios de la Casa Rosada juran que mantuvieron una reunión reservada con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que pactaron informalmente que se realice una auditoría técnica "sin fines políticos". Los plazos aún no están definidos y se prevé que habrá mayores novedades hasta el próximo 30 de abril, fecha propuesta por el Gobierno a los rectores para hacer una reunión formal y acercar posiciones sobre diversos temas.













