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La Justicia hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y ordenó al Estado nacional preservar toda la información registral, catastral y administrativa vinculada con las tierras rurales bonaerenses que fue recopilada durante la vigencia de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Güendalina Sessarego. Si bien la magistrada se declaró incompetente para analizar la constitucionalidad del DNU por considerar que esa discusión corresponde a la Justicia Federal, resolvió conceder una tutela cautelar excepcional para evitar que durante el traspaso del expediente se pierda información considerada clave para la planificación territorial y ambiental.
La decisión judicial obliga al Ministerio de Justicia de la Nación -o al organismo que corresponda- a informar, en el plazo de cinco días, hasta qué fecha fueron relevados y actualizados los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y, además, a conservar todos los antecedentes generados desde la creación del régimen en 2011 hasta la última actualización disponible.
También deberá adoptar las medidas necesarias para impedir la destrucción, alteración o pérdida de esa información mientras el expediente pasa a la órbita federal.
La causa fue impulsada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó íntegramente la Ley de Tierras.
En su presentación a la que tuvo acceso El Cronista sostuvo que la eliminación del régimen no sólo dejó sin efecto las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros, sino también el sistema de información que permitía conocer la evolución de la propiedad rural.
Según el planteo, la amenaza no radica únicamente en cada operación de compra de tierras, sino en la acumulación de transacciones que podrían modificar de manera significativa la estructura territorial sin que exista un mecanismo estatal que permita monitorear esos cambios. En ese sentido, la demanda menciona especialmente a los partidos de Campana y Zárate, donde la titularidad extranjera sobre tierras rurales presenta una incidencia superior al promedio provincial.
Qué dice la cautelar
Aunque la jueza entendió que el análisis sobre la validez constitucional del DNU debe quedar en manos de la Justicia Federal, sostuvo que existían razones suficientes para adoptar una medida precautoria.
En ese sentido destacó que “la posibilidad de que, durante el tiempo que insuma la intervención del juez competente, se produzcan pérdidas de información pública que ocasionen un daño de imposible reparación ulterior” justificaba una actuación urgente.
La magistrada remarcó que el objeto de la cautelar no consiste en restablecer la vigencia de la Ley de Tierras ni suspender el DNU, sino en proteger información pública que podría resultar indispensable para futuras decisiones estatales.
“Lo que aquí se procura preservar no es solamente un elemento probatorio para el proceso, sino la información en poder del Estado que resulta relevante para conocer la evolución de una realidad territorial dinámica y, eventualmente, adoptar medidas adecuadas frente a potenciales daños”, sostuvo en uno de los pasajes centrales del fallo.
La resolución también pone el foco en la dimensión ambiental del conflicto. La jueza recordó que el acceso a la información ambiental está garantizado por el artículo 41 de la Constitución Nacional y por la Ley General del Ambiente, y señaló que los principios preventivo y precautorio obligan a adoptar medidas antes de que se produzca un daño irreversible.
En otro tramo, advierte que “la pérdida o alteración” de los datos recopilados durante casi quince años “podría dificultar la eficacia de la tutela que corresponda adoptar” y agrega que esa información podría ser necesaria “para la proyección de políticas públicas futuras” y para “nutrir el debate democrático”.
Competencia federal
Pese a conceder la cautelar, la jueza resolvió inhibirse de intervenir en la causa. Argumentó que el planteo principal exige pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y que, al tratarse de una norma nacional cuestionada frente al Estado Nacional, la competencia corresponde a la Justicia Federal.
“La pretensión no puede ser resuelta sin determinar la validez constitucional del art. 154 del DNU 70/2023”, sostuvo la magistrada al fundamentar su decisión de remitir el expediente a la Cámara Federal de La Plata para el sorteo del juzgado que continuará el trámite.
Mientras tanto, la cautelar permanecerá vigente hasta que el juez federal que resulte sorteado decida si mantiene, modifica o deja sin efecto la medida preventiva.