Después de varios meses de idas y venidas, el Poder Ejecutivo resolvió designar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, "en comisión", es decir, por un período de un año ya que el Senado se encuentra en receso.
Pero el Congreso se pondrá nuevamente en marcha el próximo sábado con la apertura de sesiones ordinarias que estará a cargo del presidente Javier Milei y ya anticipan que no se quedarán de brazos cruzados.
En principio, lo que se desplegó en las últimas horas es un debate técnico sobre las posibilidades que tiene el Senado de frenar la maniobra del Ejecutivo, ante un cuerpo que no está inactivo, sino que simplemente no reunió los acuerdos necesarios para designar a los jueces.
"La manera del Congreso de expedirse sobre los pliegos es no tratarlos y si quiere aprobarlos, los aprueba, eso ocurrió en el pasado en varias ocasiones", explicó este miércoles el senador radical Martín Lousteau, justificando la actitud de la Cámara alta.
En ese contexto, sostuvo de manera desafiante que "el Senado tiene que tomar la decisión de defender la división de poderes o hacerse el distraído y me imagino que los senadores no se van a hacer los distraídos".
Más allá de la designación por decreto "en comisión", el procedimiento en el Senado sigue vigente. Lijo recibió dictamen de la Comisión de Acuerdos mientras que García Mansilla defendió su pliego pero no logró las firmas necesarias. Entonces la lectura que hacen algunos sectores que están en contra de la maniobra del Ejecutivo es que el Senado podría intentar "voltear" las postulaciones directamente en el recinto.
"Votos matan decreto", señalan de manera extraoficial y en un primer paneo del posicionamiento de las fuerzas no se descarta que sí haya voluntad de rechazarlo. Sucede que el kirchnerismo aportó algunas firmas para el dictamen y estaba dispuesto a negociar la llegada de Lijo, siempre que se tomaran en cuenta otros pedidos como la cobertura de vacantes en juzgados o la incorporación de una mujer en lugar de García Mansilla.
Nada de eso sucedió, por lo que ahora el interbloque de Unión por la Patria se encuentra parado en la vereda de enfrente.
Para aprobar la postulación, se necesitan los dos tercios del total del cuerpo, es decir 48 senadores, por lo que con menos de una veintena de votos en contra ya se dejaría a los pliegos fuera de carrera. En ese caso, podría coexistir el rechazo del Senado con la designación por decreto. Allí el oficialismo intentaría mantener el plazo de designación, que señala que es "hasta el fin de la próxima Legislatura", es decir hasta la finalización del período ordinario de trabajo del Congreso.
"Se va a armar un quilombo de abogados", señalan en tono socarrón desde la oposición en el Senado, porque ya tienen en claro que se abrirá un conflicto en distintas bandas. Es que la propia Corte Suprema no está de acuerdo con el mecanismo, ni tampoco con la voluntad de Lijo de tomar licencia en su cargo de juez federal por si vuelve todo para atrás con su integración al máximo tribunal.
"Voy a trabajar como lo hice siempre porque vamos dejando antecedentes que degradan los métodos, lo voy a hacer de la misma manera que me opuse a la reforma judicial del kirchnerismo, porque la Constitución no avala este mecanismo y estamos a tiempo de frenar las cosas que institucionalmente peligrosas para la salud del país", dijo Lousteau, uno de los que se para más lejos de los libertarios.
Pero también sorprendió la declaración formulada por el senador del PRO Alfredo De Angeli quien indicó que "la mayoría" del PRO va a "ir en contra de los pliegos del juez Lijo", lo que deja fuera del conteo oficialista a una parte de quienes suelen ser aliados al momento de la votación.
En cambio, la senadora Carmen Álvarez Rivero, que también integra el bloque del PRO pero que tiene una posición más cercana al Gobierno, manifestó "estuvo más de un año la nominación y no se logró el acuerdo. Somos muchos los responsables", dijo en línea con la crítica que formuló el Gobierno. "El presidente está usando una potestad que la Constitución le da, no soy quién para juzgar eso. En el Senado, cuando tenga la posición de dar o no el acuerdo, yo ya estoy jugada", subrayó la cordobesa.
Desde Unión por la Patria, no quedaron dudas: "El pasado 26 de noviembre ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema 'en comisión' y por vía de decreto del Ejecutivo", dijeron en un comunicado, con lo que dan a entender que el Gobierno superó un límite para poder pensar en una negociación.
La validez de las sentencias
Otro punto sobre el que el Congreso pone énfasis es sobre la validez que podría tener cualquier decisión tomada por los jueces "en comisión". Cuando Mauricio Macri designó a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti con ese carácter, hubo un freno de parte de la propia Justicia y luego el Senado finalmente le dio el aval, lo que le permite continuar a los dos en sus lugares.
Así lo planteó el ex integrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni: "Los jueces de la Corte van a firmar fallos junto a gente que no fue designada correctamente. Esa gente incurriría en usurpación de cargo", alertó y dijo que "las sentencias que firmen Lijo y García Mansilla pueden ser nulas y ellos incurrirían en el delito de usurpación de funciones".
