El proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal recién se está debatiendo en el Congreso, y uno de los principales puntos que se discute se relaciona con el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, que daría mayor poder en las investigaciones a los fiscales, en detrimento de los jueces. En ese contexto, aun cuando todavía no esté confirmado el cambio y ni siquiera se trató en el recinto, en el Ministerio Público Fiscal comenzaron a gastar a cuenta.

La Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó ya comenzó a averiguar precios para comprar ocho edificios en Capital Federal, que pasarían a ocupar fiscales y técnicos especializados para trabajar en coordinación directa con la Policía Federal, según cada jurisdicción. Algunos de los inmuebles podrían ser prestados por la Nación. Por caso, el laboratorio que prevén inaugurar en junio del año que viene se instalará en un terreno estatal del partido bonaerense de La Matanza.

El dinero que se utilizará para ello saldrá del Presupuesto 2015 que el Ejecutivo destinó a la Procuración, de poco más de $ 2671 millones, que equivale a un 54% más de los $ 1735 millones previstos inicialmente en 2014. Sin embargo, una parte de los fondos ya fue enviada a la Procuración, en una reasignación de partidas reciente, en la que además se le otorgaron al organismo 60 cargos nuevos. Lo concreto es que de esos $ 1735 millones que previó el presupuesto de este año, a partir de los refuerzos que hubo, la Procuración General terminará recibiendo $ 1896 millones, $ 161 millones más de lo estipulado, el equivalente a un crecimiento del 9,2%. En los diez primeros meses ya se giraron $ 1705 millones, casi todos los fondos pensados para este año.

Los 60 cargos nuevos que consiguió Gils Carbó tienen que ver con el laboratorio que se construirá en La Matanza ya fue lanzada la licitación, y en el que se llevarán a cabo análisis biológicos, genéticos y de balística. La Policía deberá seguir las instrucciones de los fiscales en la recolección de pruebas, y serán desplazadas de las pericias.

Desde que Gils Carbó asumió en agosto de 2012, en lugar del renunciante Carlos Righi, el Ejecutivo le dio un gran peso para la toma de decisiones. No sólo obtuvo incrementos por encima de los estándares de inflación en los presupuestos, sino que también consiguió desarrollar procuradurías especiales e impulsar la reforma del Código Procesal Penal, muy cuestionado por el sector judicial, pero ponderado por la Presidenta, quien tomó al pie de la letra el paper que le presentó la Procuradora después de descubrir, según entiende, las "bondades" del sistema acusatorio.

Impulsora de la agrupación oficialista Justicia Legítima, la afinidad entre Gils Carbó y la Presidenta es tanta que su nombre figura entre los preferidos del Gobierno para cubrir la vacante que dejará Eugenio Zaffaroni en la Corte. "No le interesa", aseguran fuentes cercanas a la Procuradora, que además no tiene el respaldo de la oposición en el Congreso, debido a la designación irregular de fiscales que autorizó y al fallido juicio político contra el fiscal José María Campagnoli que respaldó.