La oposición en Diputados busca activar un mecanismo poco habitual de control al Poder Ejecutivo: la moción de censura contra el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

El lunes hubo un primer proyecto presentado por el diputado nacional Oscar Agost Carreño y acompañado por Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, en el que cita a Francos a presentarse ante el pleno de la Cámara baja para ser interpelado por una serie de causales que incluyen la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes del Estado y la falta de asignación de partidas presupuestarias, entre otros puntos.

A esto se suma este martes, un pedido similar firmado por los diputados y senadores de Unión por la Patria, integrantes de los dos bloques mayoritarios en ambas cámaras.

La iniciativa se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que fue reformado en 1994 para incorporar esta herramienta de control político.

La moción de censura es un procedimiento parlamentario por el cual las Cámaras pueden exigir responsabilidad al jefe de Gabinete, y en caso de prosperar, implica su remoción.

La Constitución prevé dos etapas: primero, la aprobación de la interpelación con mayoría absoluta de los miembros de la Cámara; y segundo, la votación de la moción de censura propiamente dicha, que también requiere mayoría absoluta. A diferencia de un juicio político, no se trata de evaluar delitos ni mal desempeño sino de retirar la confianza política. Incluso, el Presidente podría volver a designar al mismo funcionario si lo considera oportuno.

En el caso actual, el principal detonante es la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada y promulgada por el Congreso pero cuya aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo mediante decreto, alegando falta de recursos.

Los diputados opositores entienden que esta suspensión constituye una violación de la división de poderes y un incumplimiento en la asignación de partidas, por lo que plantearon esta interpelación como primer paso hacia la moción de censura.

Guillermo Francos respondió públicamente a la ofensiva parlamentaria. En declaraciones radiales sostuvo que los legisladores "están en su derecho" de plantear la moción de censura, pero insistió en que el Ejecutivo actuó conforme a derecho. "Promulgamos la ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156 dice que cuando se sanciona una ley deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento", explicó.

El funcionario señaló que si no hubiera suspendido la aplicación de la norma podría haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el propio texto legal establece que, sin financiamiento previsto, la norma queda suspendida. Según Francos, cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad demandaría alrededor de 3 billones de pesos adicionales que no están contemplados en el Presupuesto vigente, por lo que será necesario que el Congreso defina las fuentes de financiamiento antes de su implementación.

Más allá de la polémica puntual por la emergencia en discapacidad, el episodio abre un frente político en medio de un escenario electoral delicado para el Gobierno. El oficialismo enfrenta el desafío de sostener mayorías legislativas y evitar que la interpelación derive en un voto de censura.

No obstante, el jefe de Gabinete buscó bajar el tono de la confrontación y llamó a construir consensos. "En estos dos años próximos la intención es avanzar en la reforma de las leyes de trabajo y la reforma tributaria que el país necesita para crecer. Haremos lo posible por volver a conseguir los acuerdos que conseguimos en el pasado", señaló.

Por ahora, el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados será la primera prueba política. Si logra la mayoría necesaria para aprobar la interpelación, Francos deberá presentarse a responder en el recinto. Luego, quedará en manos de los legisladores decidir si avanzan en la moción de censura, un instrumento que nunca ha sido utilizado en la historia constitucional reciente. El resultado será una señal clave de hasta dónde está dispuesto el Congreso a ejercer su poder de control sobre la gestión del jefe de Gabinete en un contexto de crisis social y fiscal.