Luego de los incidentes que se registraron durante el fin de semana en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, en la Recoleta, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, le ordenó hoy al gobierno porteño que "cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación".

En paralelo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció en un tuit que "hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera Vicepresidenta de la Nación, a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la PFA que siempre la asistió".

En este contexto, la respuesta del gobierno de la Ciudad no se hizo esperar, y vino de Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño: en declaraciones a TN, el funcionario señaló que Gallardo "es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor al prestigio de la Magistratura. Es un juez kirchnerista que permanentemente falla con una intencionalidad política".

"Lo que acaba de decidir no tiene nada que ver con lo que está en discusión. Nunca estuvo en discusión que la custodia de la vicepresidente corresponda al Gobierno Nacional. Jamás estuvo en discusión. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad respecto de la Ciudad de Buenos Aires, de los vecinos, del barrio ni de las calles de la Ciudad. Ya estamos estudiando y analizado los abogados del gobierno de la Ciudad, una posible recusación, por supuesto la apelación, como habitualmente nos tiene acostumbrados con sus decisiones este juez", completó.

Horas después, en un tuit, Miguel anunció que "CABA va a apelar el absurdo fallo del juez Gallardo y lo va a recusar".


En los puntos 2 y 3 de su resolución, Gallardo ratifica que "conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la Vice Presidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales" y establece que "la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso".

En el ultimo de los puntos, el magistrado le comunica a Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que la Policía porteña "deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vice presidencial"