Como ya es tradición, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se entrevistó con el presidente Mauricio Macri para llevarle un saludo de Navidad, y de paso hacer balance de la relación entre Iglesia y Estado, que no transita su mejor momento al cabo de un año en el que el oficialismo abrió el debate sobre la legalización del aborto y blanqueó el monto de las asignaciones de fondos públicos para obispos. La situación económica terminó por poner a los sacerdotes y obispos del lado de los sectores más postergados.
En tal sentido, los prelados le expresaron al Presidente su preocupación por el aumento de la pobreza, reflejado en la última medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA; la baja del consumo, el aumento del desempleo y la escalada de la desnutrición infantil.
Los mitrados también expresaron su inquietud por los recortes de personal y fondos a la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Más allá de las fuentes de empleo, la preocupación trasciende al recorte de oportunidades en el interior del país para familias que viven del campo y que quedarían desguarnecidas frente al avance de empresas más grandes.
Por su parte, Macri reiteró que el Gobierno "está dando los pasos necesarios en el plano social", siendo que el año culminará con una retracción económica del 2,6% (según el FMI) y una inflación aproximada del 47%, que golpea sobre todo en aquellos con menores ingresos.
Cuando la cúpula del episcopado le habló sobre la crisis, el jefe de Estado admitió que “todavía vienen meses duros por delante", a la vez que aseguró "estar en el territorio" y "saber lo que pasa". La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue entonces la encargada de desarrollar el programa de contención que está en marcha.
Críticas al modelo
Por si fuera poco, de acuerdo al comunicado eclesial difundido horas más tarde, los pastores "manifestaron su inquietud por lo que llamaron nuevas divisiones en la sociedad argentina, atravesada por la brecha de la inequidad".
Tal planteo responde al llamado de atención que la semana pasada emitió la Iglesia al recibir un duro documentofirmado por empresarios, gremialistas y dirigentes de movimientos sociales en el que se critica en fuertes términos "el ajuste y la transferencia de ingresos de los sectores más pobres hacia los más ricos".
Los firmantes, acogidos bajo el techo de la sede de la CEA en el barrio de Retiro, manifestaron que se han puesto en marcha "mecanismos que subordinan la vida humana a la lógica de la renta ilimitada e instaura la naturalidad de la pobreza y de sus víctimas .
Los obispos, junto a Macri, Peña y Stanley en el despacho presidencial
La Iglesia, contra el protocolo Bullrich
La relación también se tensó esta semana cuando varios líderes de Cambiemos, entre ellos el Presidente, saludaron al papa Francisco a través de las redes por su cumpleaños, pero el pontífice respondió indirectamente con críticas a la "mano dura".
Ese mismo día, Francisco lanzó una advertencia sobre los "posibles excesos" en el que pueden incurrir las fuerzas de seguridad e incluso consideró que "toda fuerza letal que no sea estrictamente necesaria puede ser reputada como una ejecución ilegal, un crimen de estado". Fue una reprobación al protocolo instruido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Más fondos para adictos
Por otra parte, funcionarios y obispos coincidieron en seguir trabajando en temáticas de interés mutuo, como la lucha contra las adicciones y la drogadependencia. Al respecto, los obispos hablaron de un creciente consumo en barrios marginales y pidieron un incremento del presupuesto para la Sedronar.
Al encuentro asistieron el obispo de San Isidro y presidente de la CEA, Oscar Ojea; el cardenal arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero, Mario Poli; el arzobispo de Mendoza y vicepresidente segundo, Marcelo Colombo, y el titular de la diócesis de Chascomús, que oficia como secretario general, Carlos Humberto Malfa.
Junto al presidente, estuvieron además de Stanley el jefe de gabinete, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie, y el secretario de Culto, Alfredo Abriani.
