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Luego de una denuncia interna en Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) por presuntos contratos con sobreprecio que sacudió al directorio que preside Demian Reidel, la cúpula de la firma se reunió y votó con posiciones divididas la suspensión del gerente general de la empresa, Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso. Desde la empresa niegan que se trata de una suspensión y clarifican los hechos.
Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) es la empresa estatal que maneja las centrales nucleares de Argentina, es decir Atucha I, II y Embalse. El Ejecutivo la incluyó en un artículo aparte en el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases, y que tiene en curso el decreto para avanzar con dicho objetivo.
Fuentes oficiales de Nucleoeléctrica, confirmaron a El Cronista que la decisión que se tomó fue la de “delegar su firma”. Esto significa que ambos gerentes siguen en su cargo, no están suspendidos ni despedidos, pero la responsabilidad de sus áreas (la firma) se pasó a otras personas.
Sus firmas quedaron a cargo de otros dos funcionarios, la Gerencia General a Fernando Monserrat (quien ya contabilizaba experiencia previa en esa posición) y la de Coordinación Administrativa a Ricardo Matuk (gerente de Administración y Finanzas).
La denuncia sería por presuntos sobreprecios en un contrato particular que no se terminó aprobando. En el proceso para delegar las firmas de los gerentes hubo una votación dividida. Demian Reidel, el flamante amigo de Milei, votó en contra, y Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y aliado de Santiago Caputo, a favor.
Las supuestas irregularidades serían la contratación de un servicio de limpieza, la denuncia fue llevada a cabo por el gerente de la Planta Central Nuclear Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, ante el Comité de Integridad de la Empresa.
Según indicaron fuentes calificadas, el funcionario denunció que Pantuso habría intervenido para direccionar la contratación en favor de la empresa LX Argentina. Este contrato habría tenido un 140% de sobreprecio en relación al servicio que hoy paga la empresa pública en proceso de privatización.
En qué Estado está la privatización de Nucleoeléctrica
Nucleoeléctrica Argentina S.A., o NA-SA por sus siglas abreviadas, es una empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El lunes último, Adorni confirmó que el esquema que se trabajaba era la venta del 49% del capital de la compañía, aunque en ese entonces no se había definido cuáles serían las acciones que se pondrán en la oferta ya que su propiedad se distribuye entre varios organismos públicos: la CNEA (20%), la Secretaría de Energía (79%) y ENARSA (1%).
La idea, tal cual había trascendido, es que un 44% del paquete accionario pase a manos privadas -mediante una oferta nacional e internacional- y un 5% permanezca en manos de los trabajadores siguiendo el esquema del Programa de Propiedad Participada que reserva una cuota de las firmas estatales a los gremios, tal como sucede con AySA para citar un ejemplo. Ese detalle sobre la mecánica es lo que resuelve el decreto de próxima publicación en sus primeros artículos.
Según lo dispuesto en el artículo 1° del decreto que hoy aparece como la versión final, se autoriza el procedimiento para desprenderse de un 44% del capital social de NA-SA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. De esta manera, el Gobierno busca atraer inversores privados al sector nuclear, pero sin perder el control estratégico sobre la compañía.
El esquema se complementa con la creación de un Programa de Propiedad Participada, que destinará un 5% de las acciones a manos de los trabajadores, siguiendo lo establecido en la normativa vigente sobre procesos de privatización. En este punto, se replicará el modelo ya aplicado en los años ’90 en otras empresas estatales, aunque adaptado a la estructura de Nucleoeléctrica.
De este modo, el Estado nacional retendrá el 51% del capital accionario, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esta distribución asegura que, pese a la apertura al capital privado, la conducción de la compañía seguirá bajo la órbita pública, un aspecto clave en materia de seguridad energética y tecnológica, dado el carácter sensible del sector nuclear.
No queda claro aún cuántas acciones retendrá cada uno de estos organismos o si el desprendimiento será proporcional. Pese a ello, el hecho que la CNEA figure como parte propietaria no es un dato menor por cuanto se temía lo opuesto.
La implementación operativa del proceso quedará a cargo del Ministerio de Economía, que actuará como autoridad de aplicación con el apoyo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. El organismo deberá llevar adelante tanto la organización del Programa de Propiedad Participada como la licitación internacional que definirá el nuevo socio privado de la compañía.
Además, el decreto contempla una serie de movimientos accionarios previos a la licitación. Por un lado, instruye a Nucleoeléctrica Argentina a transferir un 0,01% de las acciones de ENARSA al Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía. Por otro, dispone que ENARSA ceda el 1% de las acciones que posee en Nucleoeléctrica al mismo organismo estatal. Estos pasos buscan ordenar la composición accionaria y consolidar el control público antes de avanzar con la colocación en el mercado.
El proceso contará también con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, en cumplimiento de la normativa vigente que regula las privatizaciones, particularmente en lo que refiere a la participación de los trabajadores y las garantías laborales. En paralelo, intervendrá la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, encargada de supervisar los aspectos técnicos y legales vinculados a la valuación y el traspaso accionario.
En este contexto, los trabajadores del sector emitieron una misiva al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para alertar sobre la fuga de cerebros y la paralización Plan Nuclear Argentino.
Fuente: Freepik
“Las y los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica nos dirigimos a usted para denunciar y repudiar el vaciamiento, desfinanciamiento y el ataque sistemático que está sufriendo nuestra institución", remarcaron los trabajadores en una misiva dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y actual vicepresidente de Nucleoeléctrica, Guido Lavalle, en reclamo de la fuga de profesionales por la desinversión en el sector estratégico.
“No podemos obviar que estas acciones forman parte de un desmantelamiento más amplio, que incluye la amenaza de privatización de nuestras centrales nucleares, aunque formalmente no correspondan al ámbito de la CNEA, afectando la integridad de nuestro sector y consolidando un modelo dependiente de monopolios extranjeros", denunciaron los trabajadores.
