La Corte Suprema de Justicia ratificó la validez del proceso de estatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) instrumentado a fines de 2008, al rechazar un planteo de inconstitucionalidad promovido por un ex beneficiario del régimen privado.
La Corte coincidió con la procuradora fiscal, Marta Beiró de Goncalves, quien opinó que la eliminación del régimen privado no le generó daños concretos a los beneficiarios del sistema.
La demanda la había promovido Pablo Ariel Rossi, un afiliado a la AFJP Arauca Bit, quien reclamó que se declare la “inconstitucionalidad” de la ley 26.425, la norma por la que se estableció el traspaso de los fondos al sistema estatal.
El demandante había justificado su derecho en lo que calificó como “una grosera y evidente violación al derecho de propiedad” garantizado por la Constitución Nacional.
Previo a la sentencia de la Corte, la demanda de Rossi había sido rechazada tanto en primera como en segunda instancia de la justicia nacional de seguridad social.
