

La falta de jueces, la enorme cantidad de juzgados vacantes, la infinidad de expedientes sin resolver, los juicios que se dilatan eternamente y la inacción en el Consejo de la Magistratura preocupan como nunca a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ése cúmulo de problemas llevó al máximo tribunal a emplazar formalmente a los jueces penales a acelerar los juicios de ese fuero y, en simultáneo, a advertir al cuerpo que elige y remueve magistrados para que habilite dos tribunales orales federales porteños creados en 2010.
Las advertencias de los jueces del máximo tribunal sobre el estado de parálisis que atraviesa el Poder Judicial no son nuevas. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales suelen reconocer que el hecho de que la Corte haya frenado las leyes de la reforma que impulsó el Gobierno no significa que esté todo bien en la Justicia. En ese sentido, los cuestionamientos siempre tienen un destinatario común: el Consejo de la Magistratura.
Ayer, el Tribunal envió un oficio al Consejo para que avancen en el nombramiento de jueces, a raíz de las 249 vacantes que existen en la Justicia nacional y federal, y que fueron denunciadas desde la Cámara de Casación Penal la semana pasada. En la misiva dirigida al titular de la Magistratura, Mario Fera, se pidió habilitar cuanto antes dos Tribunales Orales Federales porteños en lo Criminal, el 7 y el 8, y cubrir seis cargos de jueces de cámara vacantes que deben surgir del concurso 278. Hay dos causas sensibles que hoy tramita el TOF 2 y cuyos juicios pueden seguir dilatándose si no se autorizan nuevos Tribunales: la que busca los responsables de la Tragedia de Once y la que investiga en el ataque a la AMIA.
El pedido de acelerar los juicios penales obedece al repetido pedido de trabajar con mayor celeridad. En ese aspecto, el acuerdo suscripto por todos los ministros, excepto Carmen Argibay, se declara imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida. En pos de ello la Corte resolvió crear tres comisiones: la primera, con cinco integrantes designados por la Cámara Federal de Casación Penal; la segunda, por cinco designados por la Cámara del Crimen porteña; y la tercera por cinco de los tribunales orales federales y criminales.
La Corte también requirió al Director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, limitar la permanencia nocturna de detenidos en la Alcaidía de Tribunales llamada Unidad 28 y garantizar las debidas condiciones de detención a los presos. Finalmente, respecto al intento del kirchnerismo de tratar en el Congreso este año el Código Civil y Comercial, la Corte tomó distancia, descreyendo de que se apruebe en el corto plazo, y considerando que todavía le quedan muchas cuestiones por resolver.













