Los incidentes ocurridos este miércoles en el estadio Libertadores de América podrían haber derivado en una tragedia de gran magnitud y, al mismo tiempo, dejaron al descubierto un nuevo-viejo escenario de disputa política entre dirigentes futbolísticos, fuerzas de seguridad y políticos a ambos lados de la cordillera.

La cronología de los hechos comenzó con hinchas de la Universidad de Chile arrojando objetos contundentes hacia las tribunas ocupadas por la parcialidad de Independiente. Luego, se desató una verdadera cacería por parte de la barrabrava roja contra un pequeño grupo de simpatizantes trasandinos que había quedado rezagado en la tribuna visitante.

El saldo fue de 14 heridos de diversa consideración, uno de ellos en grave estado tras lanzarse al vacío desde una de las alturas del estadio.

Que el partido se haya disputado en territorio bonaerense y en la cancha de un club conducido por un exintendente del PRO, Néstor Grindetti, y por el diputado oficialista Cristian Ritondo, derivó en la automática politización de los hechos.

El cruce más evidente fue el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no dudó en responsabilizar al gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de "inútil".

"El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien. Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden", sostuvo.

La ministra agregó que las fuerzas de seguridad aplicaron la política de "Tribuna Segura" y que se requisaron los micros de los visitantes.

Sin embargo, fuentes del Gobierno nacional señalaron que no hay registros de que se haya rechazado el ingreso al país de ninguna persona vinculada a la barra "Los de Abajo". Explicaron que solo se puede prohibir la entrada en caso de existir "un pedido de captura internacional o algún impedimento judicial dispuesto por la justicia del país de origen y comunicado oficialmente".

Un dato de contexto es que, a mediados de año, el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero Vega, se reunió en Buenos Aires con Bullrich y abordaron el tema del manejo de las hinchadas de fútbol. "De hecho, se actualizó el protocolo de intercambio de información en el caso de personas que tienen prohibición de ingreso a los estadios, porque es un mecanismo de exportación de violencia en el mundo", había dicho entonces el funcionario chileno en diálogo con El Cronista.

Por el momento, ni las autoridades argentinas ni las chilenas consultadas confirmaron que ese protocolo se hubiera aplicado.

Desde la Provincia, las respuestas no tardaron en llegar. Más allá de las acusaciones de Bullrich -que consideran un aprovechamiento político para cuestionar el plan de retorno de visitantes en el torneo local, ya implementado durante la visita de Rosario Central a Lanús- fuentes del Ministerio de Seguridad aclararon que no ven relación entre los desmanes y la presencia de Grindetti y Ritondo en la conducción del club.

Al mismo tiempo, defendieron el operativo policial y apuntaron contra Independiente y la Conmebol.

"La Policía bonaerense no interviene dentro de los estadios. Su lugar de actuación es en las calles, para el traslado seguro de los hinchas. Todo lo que sucedió en la cancha es responsabilidad del privado", remarcaron.

Para la gobernación, hubo una serie de malas decisiones por parte de la organización. La más evidente, dijeron, fue no disponer de "pulmones custodiados por seguridad privada" entre la hinchada chilena y las plateas de Independiente. También cuestionaron que se permitiera a la parcialidad visitante ocupar toda la superficie, incluido el "balcón" desde el cual arrojaron objetos contundentes.

"Un ejemplo de otra jurisdicción: Vélez recibe visitantes y los ubica en la platea superior. En ningún momento se los deja acercar al borde de la tribuna. Se los rodea con un cordón de seguridad", señalaron desde el gobierno bonaerense.

Por otra parte, aclararon que el jefe del operativo propuso en dos ocasiones suspender el partido para desalojar las tribunas. "Le preguntaron por qué no entraba la Policía a desalojar a los visitantes para seguir jugando. El oficial se negó: no iba a entrar con escudos a reprimir a tres mil personas, la mayoría inocentes. Es al revés: se suspende y se desaloja. Bueno, decidieron seguir jugando", explicaron.

Además, destacaron que los enfrentamientos más graves se dieron entre grupos muy reducidos y que de allí el bajo número de heridos.

Mientras tanto, el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, recibió al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, y al embajador José Antonio Viera-Gallo, quien insistió en responsabilizar a la Provincia.

"Dentro y fuera de los estadios, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad provinciales y en el organismo competente, en este caso Aprevide. Son las autoridades bonaerenses quienes deben dar explicaciones y llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que les caben", escribió Catalán.

Por ahora, ninguna de las jurisdicciones informó si los detenidos forman parte de la barrabrava de la Universidad de Chile o si tienen antecedentes penales en su país. Al mismo tiempo, se inició una investigación para identificar a los hinchas de Independiente que participaron de las agresiones.