El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó ante la Cámara de Diputados que el juicio por la expropiación de YPF podría implicar mucho menos gasto y detalló la asignación de los fondos entre los beneficiarios.
Francos explicó la sentencia de la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska. Allí ordenó a la Argentina pagar más de u$s 16.000 millones.
Según explicó Francos en su informe de gestión, Burford Capital recibiría u$s 14.385.449.737, consistentes en u$s 7.533.269.948 en daños y perjuicios más otros u$s 6.852.179.789 en concepto de intereses previos a la sentencia, más intereses posteriores a la sentencia, que se computan diariamente.
Eton Park, que también forma parte de la querella, recibiría u$s 1.714.338.556: u$s 897.752.615 por daños y perjuicios y u$s 816.585.941 por intereses previos.
Argentina reclama que se recalcule la indemnización por daños y perjuicios, porque se aplicó "erróneamente" la regla del día de la sentencia para conversión de la divisa y se usó una fecha de incumplimiento y una tasa incorrectas. "Si la Corte de Apelaciones aceptara ese argumento, la sentencia se reduciría a cientos de millones de dólares", detalló.
Según detalló Francos, la defensa plantea que los reclamos de los demandantes no son procedentes porque la ley argentina no reconoce el reclamo de daños y perjuicios, porque el Estatuto de YPF contienen una cláusula penal que impide el reclamo de daños y perjuicios por parte de las Demandantes, y porque como no exigieron el cumplimiento específico impide ese reclamo, porque los demandantes ya no eran accionistas cuando ocurrió el supuesto incumplimiento y porque deberían haber planteado el reclamo dentro del proceso de expropiación.
Si bien la Corte de Apelaciones otorgó la suspensión de la entrega de las acciones mientras Argentina apela esa decisión de Preska para cubrir parte de la sentencia, el 25 de septiembre la República Argentina presentará su escrito inicial de apelación de la orden de turnover (entrega de las acciones).
Por otro lado, Francos aclaró que el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se apartó de la representación de Argentina en la causa ya que su ex socio, Alberto Bianchi, había declarado como testigo experto en la causa.
Consultado sobre si el Ministerio de Economía participaba en alguna instancia del proceso judicial, el informe que presentó el jefe de Gabinete detalla: "El Ministerio de Economía informa que las actuaciones relacionadas con el caso mencionado se encuentran en curso y bajo análisis en el marco de las instancias judiciales pertinentes, con intervención de los organismos competentes en la materia".
"En resguardo de la estrategia procesal y de la confidencialidad propia de estas gestiones, no resulta posible brindar información específica sobre reuniones, comunicaciones o eventuales propuestas. Asimismo, se reitera que toda actuación se ajusta a la normativa vigente y se desarrolla en coordinación con las áreas jurídicas del Estado Nacional", puntualizan.
