La relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó este martes un nuevo capítulo en la disputa por los fondos de coparticipación federal, con un encuentro clave que marcó un giro “positivo”.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda para discutir la deuda que la Nación mantiene con CABA por la coparticipación, un reclamo que suma ya 274 mil millones de pesos adeudados desde agosto y que está amparado en un fallo de la Corte Suprema que ordena a la Nación transferir el 1,55% adicional semanalmente.
La reunión fue calificada como “positiva” por el jefe de Gabinete porteño Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Justicia Gabino Tapia, quienes destacaron que los equipos técnicos continuarán trabajando para avanzar en un acuerdo que garantice la normalización de los pagos y la inclusión explícita de estos fondos en el Presupuesto Nacional 2026.
Por ahora, esta promesa no se concretó, aunque se trata de un buen momento para encarar el pedido y presionar de parte del gobierno local.
Jorge Macri busca que la deuda no solo se reconozca sino que conste formalmente en la ley, condición que pone sobre la mesa para potencialmente acompañar el Presupuesto y asegurar que el fallo de la Corte se cumpla.
Este reclamo no solo es económico sino también jurídico, vinculado a la pelea por la restitución del 3,5% de coparticipación que el Gobierno nacional redujo arbitrariamente al 1,4% en 2020.
Este conflicto tiene antecedentes de larga data: en 2016 CABA logró aumentar su porcentaje de coparticipación del 1,4% al 3,5% para financiar la transferencia de la Policía Federal.
Sin embargo, en 2020 el gobierno de Alberto Fernández redujo ese porcentaje al 1,4%, lo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
Desde entonces, la Ciudad reclama judicialmente una deuda en dólares cercana a los 6.000 millones y exige restituir la coparticipación perdida mediante transferencias diarias del Banco Nación.
La disputa no es exclusiva de CABA: otras provincias reclaman también la actualización y normalización de sus fondos de coparticipación. Regiones como Salta, Tucumán y Jujuy enfrentan demoras y deudas que impactan en su desarrollo y servicios públicos.
Los gobernadores provinciales reclaman una distribución más justa y federal de los recursos, lo que refleja una problemática estructural en el sistema fiscal argentino.
Mientras la Ciudad pone el foco en la incorporación de la deuda en el Presupuesto 2026 y la cancelación total de los atrasos, el Gobierno nacional busca mecanismos para avanzar en acuerdos sin comprometer sus cuentas fiscales.
En este contexto, la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior es vista por la Ciudad como una oportunidad para fortalecer el diálogo con Nación y agilizar soluciones.
