Fundadora de la agrupación Abogados en Acción, Jimena de la Torre aceptó el desafío de competir en las elecciones para cubrir las vacantes de abogados en el Consejo de la Magistratura, al cual deben sumarse, acorde al fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado.
Exjefa de gabinete de la AFIP en tiempos de Leandro Cuccioli, a cargo del fisco en la administración de Mauricio Macri, esta madre de tres hijos es acompañada en la lista por Virginia Badino, profesora universitaria y Directora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA.
- El martes votarán más de 160.000 abogados de todo el país. ¿Cómo hace para llegar a semejante cantidad de profesionales?
- Es un inmenso problema, y esa es una de las primeras propuestas que tenemos de gestión, porque hay 160.000 abogados en el padrón, pero vota apenas el 10%. En Santa Cruz, por ejemplo, solo se vota en Río Gallegos, y según donde se viva, puede haber casos de abogados que tengan que hacer 700 kilómetros para participar. El sistema está pensado para que haya poca representación y facilita que los aparatos del Gobierno den vuelta una elección.
- ¿Que habría que hacer entonces? ¿Abrir más lugares para votar?
- Esa puede ser una solución, pero nosotros impulsamos el voto electrónico. Los abogados ya trabajamos con firma digital, que incluso sirve para presentarnos ante la Corte Suprema. Si podemos identificar nuestra identidad en esos casos, nos parece razonable que podamos votar desde nuestros escritorios, incluso sin movilizar la gran cantidad de fiscales que necesitamos ahora en todo el país por cada agrupación de abogados. Con tres fiscales informáticos se podría asegurar que nadie jaquee la elección y tendríamos un sistema más participativo y transparente.
- ¿Qué opina del tiempo que se tomó la Corte Suprema en dictaminar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Kirchner en 2006?
- El actual Consejo de la Magistratura lleva 16 años de vigencia y no podemos responsabilizar solamente a la Corte. Cada instancia se tomó su tiempo para resolver. El 70% de los jueces que tenemos en la justicia federal se hizo bajo una ley que es inconstitucional porque prevalecía la mayoría política, según ratificó el ministro de Justicia, Martín Soria. Lo curioso es que lo presentó como un logro de gestión, cuando en realidad es la causa de la justicia federal que hoy tenemos.
- Entonces respalda la conformación original de 20 miembros...
- Yo creo que nos debemos una discusión profunda respecto a cómo debe estar integrada, pero definitivamente es mejor la conformación original que la que tenemos ahora, que tiene un 52% de influencia política, contra 45% que había antes, según la representación de los miembros. Por lo menos, obliga a la política a consensuar con otros cuerpos.
- ¿Cómo sigue esta batalla? El Frente de Todos aceptó en el Senado cambios en el nuevo proyecto que envió el Ejecutivo. ¿Cree que se aprobará?
- Creo que pueden llegar a tener los votos de mayoría agravada en el Senado, pero no le veo chances en Diputados. Los que tienen una mirada republicana no pueden avalarlo. Creo que nos merecemos un Consejo de la Magistratura nuevo, donde funcionen los procesos disciplinarios entre tantos pendientes, pero no creo que lo logremos.
- ¿Y qué opina de la reforma judicial que propició el Gobierno?
- Bueno, perdió estado parlamentario. Se hizo para la política y en beneficio de la política. Cuando logró media sanción en el Senado se triplicó la cantidad de jueces en todo el país, porque se negoció con los gobernadores, que quieren tener jueces amigos. Mi posición es que ahora que se hará el censo nacional, donde se tendrá el dato objetivo sobre el crecimiento de la población en cada lugar el país, si lo cruzamos con el índice de litigiosidad se podrá saber cuál son las verdaderas necesidades de juzgados y en qué jurisdicciones exactamente, con datos objetivos. Lo que necesitamos es una Justicia cercana a la gente y para la gente, no para la política.
- ¿A qué atribuyera la mala imagen que tiene la justicia en la población, según distintas encuestas?
- Hay mucho que se puede hacer. Este fallo de la Corte nos permite empezar a desandar este camino. Los jueces federales que este Consejo de la Magistratura designó fueron producto de mayorías políticas y con poco respeto de su idoneidad. Hay que mejorar los concursos, para que no prevalezcan sobre los respaldos políticos. Actualmente se eligen los jueces por antecedentes, por un examen y, por último, con una entrevista personal. La entrevista oral es cualitativa, no tiene puntaje. Si los antecedentes y el examen no fueron muy buenos, con una entrevista mágicamente se puede terminar en el segundo lugar de una terna.
- ¿Cuál sería en concreto su propuesta?
- Creo que la entrevista es importante, porque aún cuando hayas sacado buena calificación, si no tenés el temple, el carácter, para tomar una responsabilidad federal, es una cuestión que debe ser sopesada, pero no puede ser definitoria. Solo el Consejo de la Magistratura nacional y el de Salta le dan puntaje a los antecedentes y al examen, lo que lleva a que si hiciste nueve posgrados en un año, se puede sumar muchísimos puntos en antecedentes, algo que es discriminatorio con la mujer, que siempre tiene menos tiempo.
Por otro lado, también es discriminatorio para quién trabaja en un estudio jurídico y no en el poder judicial, donde le dan becas, tiempo para estudiar, licencias varias. Al final de cuentas, el abogado siempre queda en desigualdad respecto al que trabaja en el poder judicial. Hay mucho que ajustar en eso. El examen debe ser importante, porque ver cómo un candidato resuelve un caso concreto, la lógica jurídica que aplica, los criterios jurídicos en los que se apoya, son muy importantes. Además, es anónimo, no se sabe si lo hizo un hombre o una mujer, es una evaluación objetiva, por lo que debería pesar un 50%, 30% en antecedentes y 20% a la entrevista personal. De este modo, el concurso será más equilibrado, transparente y objetivo, porque reducís la discrecionalidad.
- La otra lista que compite en estas elecciones le critica sus vínculos políticos. ¿Qué les contesta?
- Yo no soy afiliada a ningún partido político, vengo demostrando que mi compromiso es con la República y con la independencia de los poderes. En la AFIP cumplí un rol exclusivamente técnico, porque soy especialista en derecho tributario. Del otro lado está Diego Molea y su candidata, FernandaVázquez, quien reconoció que trabaja hace 30 años con él. Su sesgo populista está a la vista de todos, planteando una pelea absolutamente desleal.
