Un fiscal federal promovió la investigación penal contra la ministra de Industria,

Débora Giorgi,

en una causa en la que

la diputada opositora Elisa Carrió denunció el supuesto reparto irregular de subsidios

en la cartera a su cargo.

El fiscal federal Gerardo Di Massi respondió positivamente a la consulta del juez federal Sebastián Casanello y requirió la

“instrucción”, pero no imputó formalmente a Giorgi,

pues “en razón del estado embrionario de las presentes actuaciones no es posible por el momento dirigir imputación alguna contra persona o personas determinadas”.

Carrió acusó a Giorgi de

“negociaciones incompatibles con la función pública”

, por un supuesto

favoritismo en la asignación de subsidios

, derivados a empresas relacionadas con funcionarios del Ministerio.

Di Massi le pidió al juez que requiera “nómina de funcionarios, asesores y o colaboradores” de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio, y el listado de subsidios reputados como irregulares en la denuncia de Carrió.

Según la legisladora, funcionarios de Industria que además se desempeñan como “profesores y o autoridades de la Universidad de Buenos Aires, habrían habilitado el pago de subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital, cuando al mismo tiempo, los beneficiarios serían dueños de un conglomerado de empresas destinatarias de esos fondos”.