La industria denuncia el ingreso de importaciones a valores equivalentes al 10% de su precio real y advierten por un sobrestock en depósitos fiscales con niveles de parálisis que no se registraban desde hace tres décadas. En su carrera por desregular la economía, el gobierno de Javier Milei eliminó una pieza fundamental del control aduanero: los valores criterio. Estos precios de referencia funcionaban como un “piso” declarado para evitar que productos extranjeros ingresen al país con valores artificialmente bajos, protegiendo así al competidor nacional de maniobras de subfacturación. A través de la Resolución General 5582/2024, la ex AFIP dejó sin efecto esta vía de control, así como cualquier otra norma que estableciera valores de referencia para la importación. “Las mercaderías que ingresen al país para consumo podrán ser seleccionadas para ser sometidas a un control de valor ex-post, en base al procedimiento y parámetros que la Dirección General de Aduanas establezca, a partir de un enfoque basado en el análisis de riesgo y la utilización de nuevas tecnologías”, señaló el comunicado oficial. Asimismo, la normativa informó que la Aduana podrá requerir la constitución de una garantía únicamente en casos donde, basados en datos objetivos, el operador represente un riesgo al interés fiscal o cuando la diferencia entre el valor declarado y el establecido exceda parámetros razonables. Hoy, el pedido de retorno de esta herramienta clave en el comercio exterior es uno de los pedidos que llega con mayor frecuencia al despacho de los subsecretarios de Economía. Desde la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA) explicaron a El Cronista que, si bien la reciente Resolución 56/2026 creó un Protocolo de Vigilancia de Mercado, este se orienta al cumplimiento de normas técnicas para seguridad del consumidor, pero “no incide sobre prácticas vinculadas a la subfacturación”. La Federación alertó sobre el volumen de prendas que ingresan a precios irrisorios —como camisas a u$s 0,80 o pantalones a u$s 1,20— lo que genera una distorsión de precios en el mercado. Actualmente, mantienen un “diálogo fluido” con el Gobierno para definir mecanismos que prevengan estas prácticas. Otro sector afectado es el de electrodomésticos, donde la ecuación se dio vuelta: Hasta 2023 se fabricaba el 90% del consumo local, hoy el 60% es importado y solo el 40% es producción nacional, contó un industrial en plena reconversión. Si bien los empresarios locales piden no volver al “las SIRA”, aseguran que un arancel del 15% junto con restricciones técnicas -que cumple la industria local- y el costo del flete internacional que “pesa” en el rubro, les permitiría competir con China. El bajo costo de los bienes chinos impacta también a la cadena automotriz. Un directivo del sector explicó a El Cronista que China necesita “desestoquearse” debido al freno impuesto por EE.UU. y Europa. Esto genera una competencia desleal, ya que las empresas chinas cuentan con apoyo estatal y financiación que “les permite ofrecer precios imposibles de igualar localmente”. En las oficinas de la Secretaría de Comercio, encabezada por Pablo Lavigne, el clima es de moderación. Los empresarios perciben un fuerte sesgo ideológico: el Gobierno se resiste a retomar estas medidas para no ser tildados de “proteccionistas” o “populistas”, etiquetas que asocian directamente con la gestión anterior. Sin embargo, desde la actividad privada y analistas de comercio exterior retrucan que estas no son “mañas” locales, sino reglas globales. “Son las herramientas que usa el comercio internacional para combatir maniobras ilegales”, dijo un empresario. La situación en los depósitos fiscales es un termómetro de la parálisis. Mercadería récord aguarda sin recirculación ni nacionalización. Una fuente del sector aseguró que se vive un escenario de parate que no se registraba desde hace tres décadas. “Tenemos Air fryer para 5 años”, deslizó para dimensionar la impresionante cantidad de productos que ingresó y puso la mira en la falta de coordinación por parte de las autoridades. Los depósitos y zonas francas están a tope, pero sin movimiento. Esto se considera una “luz amarilla”: si no hay rotación, el costo logístico impide ingresar mercadería nueva, y la falta de retiro de productos confirma que no hay expectativa de que las ventas se recuperen. Ante la consulta sobre el ingreso de productos a precios irrisorios y el sobrestock, funcionarios del Gobierno responden con un suspiro y señalan que los controles recaen sobre el organismo que controla Andrés Vázquez (ARCA) con poder directo sobre el titular de la DGA José Andrés Velis. A mediados de 2025, el nombramiento de Esteban Marzorati un hombre de confianza de Pablo Lavigne, secretario coordinador de Producción, como director adjunto en la Aduana, generó expectativa en el ámbito privado. Días atrás, el ex secretario de Comercio Exterior, fue designado como Agregado Especializado en el Área Comercial/Aduanera en la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos. El argumento oficial contra la restauración de los valores criterio sigue intacto: consideran que en gestiones pasadas esta herramienta fue sinónimo de demoras arbitrarias y costos extra que alimentaban la ineficiencia. Desde una perspectiva técnica, Gustavo Fadda, despachante de Aduana y asesor internacional, advierte que “muchos creen que si la mercadería sale por Canal Verde el control de valor desaparece pero no es así”. “La Aduana debe fortalecer la valoración ex-post. Puede liberar con ‘Duda Razonable’ y auditar meses después”, dijo. Aun así, aclaró que “Sin Valores Criterio actualizados, el control llega cuando el daño por subfacturación ya se produjo”. La preocupación ha logrado unificar a industriales alineados al oficialismo con aquellos históricamente opositores. Un grupo de 35 cámaras industriales elaboró un documento con 7 propuesta para la reactivación del sector industrial PyME y, entre ellos, buscan frenar la “importación descontrolada”. El cambio de paradigma es brutal, señalan y marcan que ante el sobrestock, la inflación servía de cobertura pero hoy, con la caída de ventas y la estabilidad de precios, es pérdida directa. El proyecto fue recibido por Pablo Farias diputado nacional (Provincias Unidas) y presidente de la Comisión de Industria; Esteban Paulón (Provincias Unidas); Germán Martínez, Cecilia Moreau y Mario Manrique (Unión por la Patria) y Santiago Roberto (Fuerza Patria). Se espera que los pedidos sean tratados en las comisiones Pyme y de Industria.