El contrabando de teléfonos celulares pasó de representar cerca del 7% del mercado al 35%. El sector privado reclamó reforzar los controles fronterizos para combatir el comercio ilegal, que según sus estimaciones provoca pérdidas fiscales de entre u$s 2500 millones y u$s 3000 millones al año.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Natalio Mario Grinman advirtió que el crecimiento del contrabando se da en distintos rubros. El tema dominó el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, donde la Cámara local ejerce la presidencia pro tempore.
“El contrabando siempre existió y es probable que siga existiendo”, sostuvo Grinman al inaugurar el encuentro. No obstante, alertó que el fenómeno mantiene una estrecha relación con otros delitos, como el fraude marcario y la piratería del asfalto, y remarcó que Argentina cuenta con 9374 kilómetros de frontera, de los cuales 2500 kilómetros son “permeables”, especialmente en el norte del país.
El dirigente empresario señaló que uno de los aspectos que más preocupa al sector privado es el crecimiento “sorpresivo” en algunos mercados específicos. Como ejemplo mencionó el caso de los teléfonos celulares: de las 60 millones de líneas existentes en Argentina, se renuevan alrededor de 10 millones de equipos por año.
Según explicó, históricamente el contrabando representaba cerca del 7% de ese mercado, pero actualmente la participación habría trepado al 35%, con productos que ingresan principalmente desde Paraguay y, en muchos casos, provenientes originalmente de Panamá a través del aeropuerto de Ezeiza.
Grinman reconoció los esfuerzos del Gobierno para fortalecer los controles fronterizos, aunque advirtió sobre la complejidad del problema. “Sabemos de las mejoras que está intentando el Gobierno para controlar fronteras tan grandes”, afirmó, y agregó que en muchas localidades del norte “mucha gente vive de eso”, por lo que también debe contemplarse el impacto social de cualquier medida.
El presidente de la CAC también citó relevamientos privados que muestran una fuerte presencia de mercadería ilegal en otros sectores. Según indicó, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alrededor del 40% de la cerveza comercializada sería de origen ilegal, mientras que el contrabando de cigarrillos ronda el 10%, un nivel similar al promedio mundial. A esos rubros sumó textiles y alimentos.
De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante su exposición, el comercio ilegal genera pérdidas para el Estado de entre u$s 2500 millones y u$s 3000 millones anuales en recaudación.
Subfacturación
Sobre la subfacturación -productos declarados a un menor precio que el de mercado- en el comercio internacional, se puso la mira en los controles de Aduana.
Según Grinman, a la Argentina ingresaron 500.000 jeans procedentes de China declarados a un valor FOB de sólo u$s 0,10 por unidad. “¿Cómo alguien que ve una factura de procedencia con un precio de diez centavos de dólar no detecta que hay algo raro?”, cuestionó.
La Aduana negó que exista una denuncia por jeans a 10 centavos de dólar.
El efecto Shein y Temu
Por otra parte, Grinman también hizo referencia al crecimiento del comercio electrónico. Sin mencionar en forma directa a plataformas extranjeras como Shein o Temu, ni al marketplace líder a nivel local advirtió sobre “los fenómenos digitales” que facilitan la compra de “dos o tres cositas” desde el exterior.
Aunque el titular de la CAC no lo mencionó, En el sector empresario existe preocupación por los bajos requisitos para comercializar productos y por la facilidad con que mercadería de origen ilegal puede distribuirse en todo el país a través de Mercado Libre.
Cada año 3 millones de celulares ingresan por contrabando, lo que da cuenta de una organización denuncian las marcas y explican que la cifra equivale a 130 contenedores por año
Grinman agregó que competir con la industria china resulta imposible. “No se puede competir con China, ni en jeans ni en autos. El Gobierno chino subsidia a cada exportador”, afirmó y por eso pidió mayores controles.
“Los consumidores queremos comprar barato. A algunos no les importa pagar mil dólares un traje, pero la mayoría queremos ropa accesible”, dijo, y agregó que muchos de los productos comercializados ilegalmente no presentan una calidad inferior.
Por esa razón, consideró que resulta difícil modificar los hábitos de consumo únicamente mediante campañas de concientización. “Pedirle a la gente que no compre por las dudas sobre la procedencia o porque puede haber trabajo esclavo o infantil conlleva un montón de problemas. No es fácil cambiar la cultura del consumidor; quizás sea más sencillo aumentar los controles”, sostuvo.
Finalmente, destacó el trabajo conjunto que impulsa el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito y valoró la predisposición del Gobierno. “Sabemos que el Ministerio está trabajando con las herramientas que tiene disponibles, pero creo que el trabajo que venimos haciendo con el Consejo es fundamental”, señaló.
“Nuestra tarea como dirigentes gremiales empresarios no es resolver los problemas, pero sí tenemos el poder y la obligación de remarcarlos una y otra vez, de patear puertas”, concluyó.
Con tono autocrítico, cerró: “Tengo una gran experiencia en gestiones fracasadas, y sigo trabajando con funcionarios de todos los rangos y de todos los gobiernos”.
Seguridad y más controles
Martín Ferlauto, secretario de Seguridad de la Nación sostuvo que, históricamente, el contrabando fue subestimado. “A veces se lo quiso reducir a simples infracciones administrativas o a delitos menores de frontera. Para este Ministerio de Seguridad Nacional, en cambio, el contrabando tiene una dimensión geopolítica: es una de las principales arterias de financiamiento de las redes criminales transnacionales”, aseguró.
En ese sentido, reconoció que el ingreso de mercadería ilegal perjudica a la industria nacional, destruye empleo formal, reduce la recaudación tributaria y utiliza las mismas rutas logísticas que emplean organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata de personas.
El funcionario destacó los resultados del Plan Güemes, implementado en la frontera norte desde fines de 2024. Aseguró que durante el primer cuatrimestre de 2026 las intervenciones crecieron 129% interanual, mientras que los controles de personas aumentaron 263% y los de vehículos 322%.
En cuanto a los resultados operativos, señaló que los decomisos de indumentaria aumentaron 660% respecto del año pasado, el secuestro de cigarrillos creció 173% y las incautaciones de productos electrónicos subieron 20,5%.
También resaltó los avances del Plan Guazurarí, desplegado en Bernardo de Irigoyen (Misiones), donde la presencia de fuerzas federales se incrementó 30%. Según indicó, los controles territoriales crecieron 41%, las personas inspeccionadas 112% y los vehículos controlados 86%, al tiempo que también aumentaron las incautaciones de cigarrillos y de otras mercaderías de contrabando.
La respuesta de Aduana y Comercio
“Ya pregunté, no hay ningún jean a 10 centavos, hasta mayo; si hay a 55 centavos y fueron objetos de cargos por valor por multas de entre 7 y 4 dólares”, se defendió Diego Figueroa, Asesor de la Dirección General de Aduana (GGA).
En ese sentido, planteó las dificultades del intercambio de información con China que hace 7 años no responde a los pedidos de información. La alternativa son las multas, dijo, y señaló que “las empresas van y pagan”.
En cambio, contó que sobre una denuncia de remeras que ingresaron a 0,10 centavos, “se pudo obtener la factura - vía Estados Unidos”- y se avanzó con la demanda“.
“Las normativas las fija la cartera de Economía y la Aduana tiene que cumplir”, dijo en relación a la política del gobierno que busca modernizar. “Tenemos scanners de 10 años de antigüedad”, justificó y dijo que la meta es la “Aduana sin papeles”.
Sin embargo, sumó entre las alertas el sistema courier “sin información anticipada” y dijo que se pasó de 300 envíos por día a 1600 con la misma cantidad de personal.
Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, apuntó a la necesidad de cambiar los hábitos a partir de dar mayor información a los consumidores.
“El Estado no puede llegar a los 9300 kilómetros de frontera que tiene la Argentina; a los 253.000 comercios de cercanía que tiene el país. Con lo cual, el rol de las cámaras es muy importante en la vinculación con el Estado y, de hecho, la mayoría de nuestros procesos de fiscalización surgen por denuncias o información que nos acercan las cámaras", mencionó.
Además, puso el foco en algunos actores novedosos como Meta con sus marketplaces en Instagram, Facebook y próximamente WhatsApp. “Se recibían denuncias de estafas, pero como Estado nacional Meta era inasible”, contó y se refirió a un logro de la gestión.
“Hoy por hoy la Argentina tiene un protocolo para que si se identifican ofertas que incumplen con regulación vigente como eficiencia energética o salubridad, todos los viernes mandamos -a Mexico- los links, la analizan y le baja la perilla”, describió y aseguró que se eliminan 700 posteos mensuales. “Podrían ser mucho más si se usa articuladamente esta herramienta”, señaló.