Hace poco más de un mes, los acontecimientos que sucedieron en Rosario, pusieron a Santa Fe en el ojo de la tormenta. La amenaza narco al supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, el asesinato del niño de 11 años del barrio Los Pumitas, y el posterior alzamiento popular contra los bunker de drogas fueron imágenes que circularon durante varias semanas en los medios de comunicación. Los sucesos conmovieron a la sociedad y generaron preocupación en los espacios políticos.
Tras los episodios, Alberto Fernández envió 1.400 efectivos policiales para contener la escalada de violencia. En ese entonces, confirmó que entre otras medidas se instalarían 600 cámaras de vigilancia en Rosario, y que se reforzarían las medidas de seguridad en las cárceles para combatir el crimen organizado .
Según el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, en los que va del año se registraron 119 homicidios, de los cuales se reportó que en ocho de cada diez casos se emplearon armas de fuego y que el 55,6% fueron llevado a cabo por organizaciones criminales. Rosario y La Capital concentran las tasas más altas de mortalidad por este motivo, con un 67,5% y un 33,3% respectivamente.
Una encuesta realizada por la consultora Giacobbe & Asociados, de buena sintonía con el bullrichismo, analizó la opinión pública sobre los hechos en la ciudad santafesina. Ante la pregunta de qué opinaban del ataque de los vecinos al bunker que vendía drogas, un 47,9% de los encuestados manifestó que tienen razón pero que la policía tendría que ocuparse de eso, un 38,6% justificó el alzamiento y cree que está perfecto lo que hicieron, y sólo un 6,5% cree que estuvo mal.
Al comparar el narcotráfico en la provincia santafesina con el resto del país, un 59,6% cree que hay mayor actividad, y un 39,2% opina que es igual. Por otro lado, un 60% reconoció que la situación de los cárteles de droga es de público conocimiento, un 24,4% cree que están en actividad pero que se desconoce dónde y cómo, y un 12,8% opina que sólo hay distribución para el consumo.
En cuanto a las medidas para combatir la actividad delictiva, un 66,6% de los participantes confirmó que está de acuerdo con que el Ejército acompañe a las fuerzas de seguridad, y casi un 20% se manifestó en contra.
Los resultados, podrían entenderse como un punto a favor para la prédica de Patricia Bullrich, quien propuso cambiar la Ley de Seguridad Interior, para que los militares participen en la lucha contra el crimen organizado. También permite enmarcar, en esta opinión pública, el porqué del endurecimiento del discurso por parte de oficialismo y oposición.
Las mediciones indican que el discurso duro funciona como un recurso positivo en los sectores de ultraderecha. Los principales referentes políticos son Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri. La líder del PRO va a la cabeza-su pedido de endurecer las medidas de seguridad y reforzar los controles en la frontera parecen sumarle puntos en las encuestas-con un 43,3% de validación positiva sobre un 38 % negativo.
El liberal por su parte, con la doctrina de "quien las hace, las paga", se posiciona segundo, con un consenso menor que Bullrich.
