El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) firmaron este jueves una serie de acuerdos de cooperación institucional orientados a fortalecer la prevención del delito, mejorar las investigaciones judiciales y optimizar el intercambio de información entre el sistema judicial y el mercado asegurador. Los convenios fueron suscriptos por el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente de ADEAA, Aldo Álvarez, en un acto que formalizó un esquema de trabajo conjunto considerado inédito dentro del sector. La iniciativa apunta a generar mecanismos permanentes de colaboración entre el ámbito público y privado frente al crecimiento de la problemática de los fraudes vinculados a seguros. El entendimiento contempla tres instrumentos: un convenio marco de cooperación institucional, un acuerdo específico de capacitación y un convenio de cooperación tecnológica. En conjunto, buscan crear un canal estable para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de herramientas digitales y la formación técnica de equipos profesionales. En diálogo con El Cronista, Álvarez destacó que el principal desafío del sector no es la falta de información, sino la dificultad para transformarla en denuncias judiciales concretas. “El asegurador tiene muchos datos, pero no siempre puede distinguir cuándo está frente a un delito ni cuenta con herramientas para llevar esa información al sistema penal”, explicó. El titular de ADEAA señaló que existen obstáculos operativos y culturales para judicializar los casos. “El acceso a la justicia penal no es sencillo. Transformarse en denunciante o querellante, incluso con una compañía detrás, no es fácil para las personas que deben hacerlo”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los acuerdos buscan construir confianza entre instituciones para facilitar el uso de información relevante en investigaciones penales. Según indicó, el objetivo es que los fiscales puedan interpretar datos provenientes del sector asegurador y actuar cuando encuentren elementos suficientes para avanzar con denuncias. “Con confianza institucional se puede poner información a disposición y asegurar que esté bien recolectada y respaldada. Esa diferencia termina siendo decisiva para que las acciones judiciales se lleven adelante o no”, agregó Álvarez. Por su parte, Conte-Grand subrayó que la experiencia bonaerense podría convertirse en un modelo replicable en otras jurisdicciones. Recordó que la provincia concentra cerca del 40% de la actividad del país y suele impulsar prácticas institucionales que luego son adoptadas a nivel federal. El procurador señaló que la denuncia de fraude en seguros se lleva una proporción pequeña de la actividad de los tribunales y reconoció que las “empresas muchas veces se han planteado si realmente les conviene ir a la Justicia” por los gastos y tiempos que ocurren. El objetivo es cambiar esa situación y generar confianza en el sistema legal. Adelantó que, una vez avanzada la implementación, la iniciativa será presentada ante el Consejo Federal de Procuradores con el objetivo de extender el esquema de cooperación al resto de las provincias. La intención es sumar capacidades tecnológicas y fiscales especializadas para mejorar la investigación de delitos complejos. El convenio marco establece la creación de un espacio institucional permanente de trabajo conjunto, con reuniones periódicas y acciones coordinadas destinadas a fortalecer la seguridad pública, facilitar el acceso a la justicia y mejorar los servicios que ambas instituciones brindan a la sociedad. Sobre esa base, el acuerdo de capacitación prevé la organización de programas de formación continua, cursos y jornadas técnicas. El Ministerio Público aportará especialistas para el dictado de contenidos, mientras que ADEAA colaborará con la logística y los recursos necesarios para su implementación. En paralelo, el convenio tecnológico busca desarrollar soluciones informáticas que permitan un intercambio seguro y eficiente de información. El objetivo es agilizar los procesos de investigación penal y mejorar el uso de datos disponibles mediante sistemas digitales y nuevas herramientas de comunicación. El trasfondo de la iniciativa es el impacto creciente del fraude en el mercado asegurador. Según datos del sector, estas prácticas generan incrementos de entre 15% y 20% en el costo de las coberturas, mientras que cerca de un tercio de las denuncias de siniestros presenta indicios sospechosos. Además, el 65% de los casos investigados se vincula con seguros automotores y alrededor del 70% se detecta en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que explica la relevancia estratégica de avanzar en acuerdos dentro de la jurisdicción bonaerense, la de mayor litigiosidad del país. Los convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática salvo decisión en contrario de alguna de las partes, y no implican compromisos económicos directos. Desde ambas instituciones señalaron que el desafío ahora será traducir el acuerdo en resultados concretos que reduzcan el fraude y fortalezcan la seguridad jurídica del sistema.