El bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto para reemplazar Ingresos Brutos, el tributo más distorsivo del sistema tributario, por un Impuesto Provincial Al Consumo Final (IPCF).
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Oscar Liberman, tiene como objetivo sustituir gradualmente el impuesto provincial que mayores recursos aporta a la caja provincial. “El tributo creado por la presente ley constituye un impuesto indirecto de etapa única, aplicable exclusivamente al consumo final de bienes y servicios, sin mecanismo de débito y crédito fiscal entre etapas”, señala el artículo 2 del proyecto al que tuvo acceso El Cronista.
El objetivo es eliminar el efecto cascada que genera la imposición plurifásica, reducir distorsiones económicas, favorecer la competitividad y fortalecer la neutralidad tributaria.
El Impuesto Provincial Al Consumo Final, el gravamen que reemplazaría a Ingresos Brutos, alcanzará a la venta minorista de bienes muebles; las prestaciones de servicios cuyo destinatario o beneficiario final se encuentre domiciliado, radicado o económicamente localizado en territorio bonaerense; las operaciones realizadas mediante plataformas digitales; y la importación definitiva de bienes destinados al consumo final en la provincia.
En caso de ser aprobado por la Legislatura, el tributo tendría una alícuota máxima del 6,25% sobre el precio neto de cada operación. Según los fundamentos, la tasa surge de una estimación de neutralidad recaudatoria realizada con datos de 2025.
“La recaudación de Ingresos Brutos a sustituir, excluida la de la intermediación financiera y los seguros que conservan ese tributo, asciende a $ 9,25 billones, y la base gravable del artículo 7º, estimada a partir del Producto Bruto Geográfico y del consumo privado neto de impuestos, a $ 151,3 billones”, precisan los fundamentos de la iniciativa.
El régimen deberá implementarse en un período máximo de cinco años, con la incorporación anual de actividades que representen, como mínimo, el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del ejercicio anterior.
El proyecto también busca resguardar las finanzas municipales: el nuevo impuesto se incorporaría a la masa coparticipable y se crearía un Fondo de Compensación Municipal que, durante los primeros tres años, asistiría a las comunas cuya recaudación de tasas se vea afectada.
“Debe ser una de las pocas cuestiones en las que todas las fuerzas políticas coinciden, desde hace casi 40 años, en que hay que eliminarlo. No hay una discusión de posiciones: estamos todos de acuerdo. Lo que siempre se discutió era si el proceso debía ser gradual y cómo hacerlo. Mientras tanto, y a pesar del acuerdo general, lo único que se hizo fue aumentar cada vez más las alícuotas y favorecer que los intendentes lo usen como base de la Tasa de Seguridad e Higiene. El problema no solo no se solucionó, sino que empeoró”, aseguró en diálogo con El Cronista el diputado Liberman.
Liberman resumió en tres los problemas de Ingresos Brutos que busca atacar el proyecto: el efecto cascada, que impacta sobre los precios y la competitividad; la imposición aun cuando existen pérdidas; y los pagos a cuenta mediante retenciones y percepciones, incluidos los regímenes bancarios y de billeteras virtuales, cuya consecuencia deriva en la acumulación de créditos fiscales.
“Nuestra propuesta es un impuesto a las ventas al estilo canadiense: no grava la producción, es monofásico, se cobra en la última etapa —la minorista— y no se paga cuando hay pérdida”, subrayó.
Según Liberman, reemplazar el gravamen más distorsivo del sistema tributario permitiría quitarle una mochila pesada a las empresas e igualar la competitividad con los productos extranjeros. “La intención de este proyecto no es desfinanciar a la provincia ni avalar su estructura de gasto. Son dos discusiones que van por separado. Si la provincia quiere seguir recaudando y sosteniendo el gasto, con este impuesto (IPCF) también puede hacerlo. Cuanto más ajuste el gasto, menor será la alícuota que necesite para este nuevo tributo”, enfatizó.
¿Análogo al IVA?
Según el artículo 9, inciso b, de la Ley de Coparticipación Federal, las provincias y los municipios no pueden aplicar “gravámenes locales análogos a los nacionales” coparticipados. La norma, sin embargo, exceptúa expresamente a Ingresos Brutos, aunque establece determinadas características que debe cumplir el tributo.
Al respecto, Liberman sostiene que la propuesta no busca gravar el valor agregado en cada etapa, sino que se trata de un impuesto final a las ventas.
“Son impuestos de naturaleza distinta, no hay analogía. Ojalá pudiéramos aplicar un impuesto sobre el valor agregado en cada etapa; sería lo ideal. Si mañana una provincia acordara con el Gobierno nacional un IVA provincial, con una baja del IVA nacional, yo sería el primero en retirar este proyecto, porque es mejor que un impuesto a las ventas finales. Pero no son impuestos análogos, son cosas diferentes”, aseguró.
Especialistas consultados por este medio calificaron positivamente la iniciativa, aunque señalaron que en la práctica podría representar un desafío jurídico. “Habrá que analizar cuidadosamente si el nuevo tributo puede convivir con el IVA. El proyecto aborda expresamente esta cuestión, aunque considero que todavía existe un margen de discusión jurídica”, remarcó Diego Fraga, especialista en derecho tributario.
Aun así, el experto lamentó que una dificultad de este tipo pudiera frustrar el debate. “Durante décadas hemos reconocido los problemas de Ingresos Brutos sin encontrar una alternativa que permita superarlos. Que empiecen a presentarse propuestas concretas, con mecanismos de transición y preservación de la recaudación, es una muy buena noticia. Ojalá esta iniciativa permita construir consensos que trasciendan las diferencias partidarias. Si queremos mejorar la competitividad de nuestra economía, no podemos seguir postergando indefinidamente una reforma de esta naturaleza”, planteó.
Por su parte, otro especialista señaló que una reforma de este tipo requeriría coordinación entre Nación y provincias (reforma fiscal) y modificaciones en las normas sobre las que se asienta el sistema tributario argentino (Ley de Coparticipación Federal). “Creo que es algo muy necesario, pero de ninguna manera puede hacerse mediante una iniciativa aislada de una provincia”, consideró.
La provincia de Buenos Aires puede reducir o eliminar Ingresos Brutos. No hay dudas de que eso es posible. Ahora bien, el consenso entre empresarios, especialistas y algunos sectores de la política es que es necesario trabajar en conjunto para avanzar en una reducción o eliminación paulatina del impuesto en cada una de las jurisdicciones.
Una de las asignaturas pendientes del país es avanzar hacia una reforma tributaria integral. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, dejaron en claro que, en caso de que el oficialismo sea reelegido en 2027, se avanzará en una propuesta general, con la participación de provincias y municipios.
Se trata de uno de los principales pedidos del sector privado que, probablemente, Milei busque incorporar a sus propuestas de campaña.