El Ministerio de Economía logró colocar u$s 1000 millones en su primer título pagadero en dólares. Sin embargo, resta aún un trecho para la colocación internacional.
Con lo que consiguió con el Bonar 29N, el Tesoro cubrirá una parte de los vencimientos de enero por u$s 4200 millones. La colocación se concretó principalmente con inversores locales y bajo ley argentina. La operación fue considerada un paso más hacia el restablecimiento de la confianza de los mercados y las colocaciones internacionales.
El riesgo país se mantuvo en línea a los 620 puntos y desde el Gobierno creen que uno cercano a los 500 puntos permitiría que Argentina tenga una oportunidad seria.
El regreso luce cerca, aunque sería hacia mediados de 2026, confía Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE. La expectativa está puesta en que los rendimientos compriman más y se “den varios hitos clave que consoliden las condiciones para reingresar al mercado internacional a mitad de año”.
Los hitos, señaló, son los avances legislativos, la aprobación del presupuesto 2026, que incluye la autorización para emitir bonos bajo ley internacional y cambios en los canjes, las reformas y “mayores definiciones sobre la estrategia para abordar los vencimientos de enero, con el potencial uso de un REPO”, así como la segunda revisión con el FMI en febrero de 2026, “que creemos que traerá mayor claridad sobre el marco de política monetaria y cambiaria”.
Argentina consiguió un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas en la primera revisión. Para la segunda, el país está lejos de la meta acordada de -u$s 3500 millones, ya que las estimaciones privadas sobre el nivel de las reservas netas en base a la metodología del FMI indican que están en -u$s 17.000 millones.
El cambio de calificación soberana a B- en los próximos meses también ayudaría. Sin embargo, “una compresión significativa del riesgo país es poco probable sin recomposición de reservas. Un régimen cambiario que habilite la acumulación es condición necesaria para consolidar una mejora duradera en los spreads”, consideraron desde MAP.

El Gobierno dice que comprará reservas con emisión de pesos siempre que haya demanda de los mismos. “Esperamos que ocurra potencialmente desde marzo o abril del año próximo”, aseguró Ritondale.
La reactivación de la demanda de pesos puede darse por la baja de la tasa de interés o con la reactivación de la actividad económica. “La demanda de pesos para refugio de valor aumentaría con la baja de expectativas de devaluación y de inflación, y la suba de la tasa de interés para inversiones financieras en pesos. La baja de la tasa se viene dando, pero con morosidad alta en las familias y endeudamiento de empresas”, sostuvo Anastasia Daicich, de Qualy.
Desde el Instituto de Economía de la UADE aseguraron que la sostenibilidad de la mejora del escenario financiero que hizo posible las primeras colocaciones corporativas dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener la disciplina fiscal (en especial tras un dato de recaudación que dio cuenta de la segunda mayor caída real de los ingresos en el año) y “consolidar un programa económico consistente que permita convertir la estabilidad financiera en crecimiento sostenible”, entre otros.
Actividad que viene de marcar una suba de 5,5% anual en septiembre, pero que persiste con señales de agotamiento y que además no encuentra aún los “drivers” que trasladen las subas a una dinámica que justifique la emisión de pesos sin esterilización.
“El problema está siendo el endeudamiento de las familias, a lo que se va a sumar el desempleo. El nivel de actividad veo difícil que sea traccionado por inversiones en recursos naturales porque no son intensivos en empleo”, agregó Daicich.
Otro factor que juega en el riesgo es el frente judicial. Argentina tiene juicios abiertos y el riesgo de embargos no es latente, pero no queda descartado. El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó que eso depende de los beneficiarios de los fallos. “Hoy, Bainbridge Fund, el grupo liderado por Attestor y beneficiarios del fallo Cupón PBI en euros, son los que tienen fallos relacionados con deuda soberana argentina. Son los más propensos a iniciar alguna acción legal. No hay pedidos concretos. Es más, están enfocados en ver si hay algo para embargar relacionado con el caso LIBRA. Los del grupo Attestor ya embargaron u$s 300 millones por el colateral de los bonos Brady que tenía Argentina en Nueva York. Y los de Bainbridge Fund tiene fallo a favor para embargar las acciones de YPF y buscan embargar acciones de Aerolíneas y del Banco Nación”.


















