El Gobierno creó este miércoles un nuevo programa social para asistir a los recién nacidos más vulnerables, el cual estará a cargo de Sandra Pettovello desde el Ministerio de Capital Humano.
Se trata del Programa Federal de Primera Instancia (PEPI), que gestionará la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera.
Esencialmente, implica un conjunto de políticas de atención que implementarán las provincias para contener a los recién nacidos en situación de vulnerabilidad.
La oficialización del PEPI se realizó a través de la Resolución 631/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida establece un esquema de gestión descentralizada donde las provincias ejecutarán las políticas de atención a chicos de 0 a 4 años, mientras la Nación cumplirá un rol de supervisión y financiamiento.
En qué consiste el Programa de Primera Infancia que creó el Gobierno
El programa, que estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que conduce Juan Bautista Ordoñez, contará con un respaldo financiero de u$s 1200 millones provenientes de dos préstamos internacionales.
Por un lado, u$s 700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, por otro, u$s 500 millones del Banco Mundial (BIRF).
El programa apunta a mejorar el acceso de la población más vulnerable a servicios de primera infancia, y elevar la calidad de la atención, del cuidado y la crianza. Este abarca desde el embarazo hasta los 48 meses del niño o niña, según establece la resolución.
La iniciativa se articula en cinco ejes estratégicos:
- Fortalecer la institucionalidad nacional y provincial en políticas de primera infancia
- Mejorar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil mediante estándares comunes
- Capacitación y monitoreo
- Ampliar las estrategias de acompañamiento familiar territorial
- Generar sistemas de información integrados
- Implementar esquemas de financiamiento basados en resultados.
Un modelo de “gestión federal”: la aplicación, en manos de las provincias
La resolución fundamenta el esquema descentralizado y la división de tareas entre Nación y provincias en que “los gobiernos locales se encuentran en mejores condiciones de asistir a los niños y las familias de su comunidad”.
Es que, según los considerandos, las jurisdicciones cuentan con “mayores capacidades operativas y de diagnóstico en su territorio”.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia fiscalizará la correcta aplicación del programa, mientras que las provincias tendrán a su cargo la implementación de la política pública.
El texto oficial critica que “la pretensión de que el gobierno federal implemente de manera continua acciones de asistencia directa en cada comunidad local, distorsiona, limita y empobrece la capacidad operativa de respuesta” de los gobiernos locales.
