El Gobierno nacional declaró organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida busca consolidar una posición más dura frente al terrorismo internacional y se inscribe en una línea de política exterior que, en los últimos meses, profundizó el alineamiento con Estados Unidos e Israel. El comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente sostiene que la decisión se apoya en antecedentes judiciales y de inteligencia que vinculan a la estructura iraní con los dos atentados más graves registrados en la Argentina. “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicó el texto. El primero de esos ataques ocurrió el 17 de marzo de 1992, cuando un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires y dejó 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un segundo atentado demolió la sede de la AMIA, con un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, en lo que constituyó el peor ataque terrorista en suelo argentino. Según el comunicado, las investigaciones judiciales determinaron que ambos atentados “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. En ese marco, recordó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, recientemente designado al frente del CGRI. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el RePET implica la posibilidad de aplicar sanciones financieras y restricciones operativas dentro del país. La medida se adoptó de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, sobre la base de informes oficiales que acreditaron “actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”. El Gobierno sostiene que esta herramienta permitirá “limitar su capacidad de acción en el país” y, al mismo tiempo, “proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”. En el plano político, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia del presidente Javier Milei, quien en recientes intervenciones internacionales ya había endurecido su postura frente a Irán y había ratificado su alianza con Estados Unidos e Israel. En ese contexto, el comunicado afirmó que la medida apunta a saldar “una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, señaló el texto oficial. Finalmente, el Gobierno remarca que la Argentina buscará “volver a alinearse a la civilización occidental” y que avanzará en una política de condena frontal a las organizaciones y Estados que promuevan el terrorismo. “Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluyó el comunicado.