En esta noticia
El Gobierno nacional solicitó formalmente la suspensión del fallo de la jueza estadounidense Loreta Preska, que ordena a YPF entregar acciones al fondo buitre Burford Capital, y confirmó que avanza con una apelación para revertir la decisión. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en un mensaje en X (ex Twitter) que la sentencia es "jurídicamente inaplicable" porque "contradice la Ley 26.741", que exige autorización del Congreso por mayoría agravada para cualquier transferencia de acciones de la petrolera.
"El fallo desconoce la inmunidad soberana y no tiene en cuenta que las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles", sostuvo Adorni. La postura oficial marca una línea de defensa legal: al considerar que YPF es una sociedad anónima con accionistas privados, el Estado argentino argumenta que no puede ser obligado a cumplir una sentencia sobre un patrimonio que no administra directamente.
Fallo contra la Argentina: los antecedentes
Este conflicto se originó en la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar el control estatal de la empresa. Burford Capital, un fondo especializado en litigios, adquirió los derechos de demanda de accionistas minoritarios y logró que la justicia de EE.UU. fallara a su favor bajo el argumento de que el Estado violó el estatuto societario de la compañía al no lanzar una oferta pública por las acciones restantes.
Según análisis jurídicos previos, la defensa argentina insiste en que la expropiación fue un acto soberano amparado por la Constitución y que ningún estatuto privado puede anteponerse a una decisión de interés público avalada por el Congreso. Sin embargo, la jueza Preska rechazó ese argumento, lo que llevó al Gobierno a acelerar una estrategia legal para evitar que la sentencia se concrete.
Mientras tanto, el mercado sigue con atención el caso: las acciones de YPF cayeron 5% tras conocerse el fallo, reflejando preocupación por el futuro de la empresa.
El Gobierno evalúa además modificaciones al estatuto societario de la petrolera para blindarla de futuras demandas, aunque la medida genera divisiones internas. Con la apelación en marcha, el litigio por YPF se perfila como otro frente de batalla entre Argentina y los fondos buitre, en un contexto de creciente tensión por los recursos energéticos estratégicos.
