El Gobierno modificó el Presupuesto para el ejercicio 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros, adecúa los créditos de la Ley 27.798 para, según sus considerandos, evitar que “peligre la prestación de ciertos servicios esenciales” a cargo del Estado nacional.
La medida autoriza incrementos de gasto por unos $ 15,6 billones para lo que resta del año. Eso equivale al 10,2% del crédito presupuestario vigente, estimado en $ 152,47 billones.
Qué pasa con el superávit
Con esta modificación, los recursos corrientes y de capital suben unos $ 8,1 billones, una cifra menor que la expansión del gasto. La diferencia, de alrededor de $ 7,5 billones, reduce en igual medida el resultado fiscal previsto para el cierre del año. Así, el superávit originalmente proyectado, que rondaba los $ 26,4 billones, quedaría en unos $ 18,9 billones.
El dato adquiere más peso por el avance de la ejecución: al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones, lo que indica que parte del gasto adicional se concentrará en las últimas semanas del año.
Una inflación que superó lo previsto: a dónde van los refuerzos
La pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, mientras que la variación de precios acumulada y proyectada al cierre de 2026 está hoy en alrededor del 33%. Esa diferencia obligó a reforzar partidas que quedaron cortas para afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.
La principal ampliación corresponde a las transferencias al PAMI, que recibirá cerca de $ 10 billones adicionales. Es el mayor destino de los créditos nuevos y explica por sí solo una parte sustancial de toda la expansión.
El segundo aumento más grande es el Servicio de la Deuda Pública, con unos $ 3,9 billones más para el pago de intereses y comisiones. También hay refuerzos para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría (cerca de $ 0,8 billones) y para la Gendarmería Nacional (alrededor de $ 0,2 billones), en el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
En el otro extremo, la finalidad Servicios Económicos sufrirá el recorte más importante, de aproximadamente $ 2,3 billones.
Los argumentos del Gobierno para ampliar el Presupuesto
Los considerandos detallan la lógica de las modificaciones. El Gobierno fundamenta el uso de un DNU en que “la naturaleza excepcional de la situación” hace imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes. Entre otras cuestiones, la norma contempla:
- El refuerzo de los créditos de gastos en personal para atender necesidades salariales, además de gastos de funcionamiento, inteligencia y equipamiento.
- Más fondos para la ANSES, para el pago de prestaciones previsionales por la Ley 26.417 de Movilidad, el refuerzo de ingreso previsional para jubilados y pensionados y las asignaciones familiares.
- Un refuerzo para la prestación por desempleo, a raíz del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) dispuesto por la Resolución 4 del 1° de septiembre de 2026.
- Mayores créditos para el Plan 1000 Días, para el PAMI y para las pensiones no contributivas.
- Recursos para el Programa Incluir Salud, con el fin de atender deudas con prestadores en el marco de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
- Más presupuesto para obligaciones con el Correo Oficial, a través de la Secretaría de Trabajo, y para las transferencias a ARCA.
- Fondos para las cajas previsionales de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, tras los aumentos de haberes dispuestos en agosto.
- Refuerzos para empresas y entes públicos, entre ellos COVIARA, FADEA, Tandanor, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Educ.ar, Carboeléctrica Río Turbio y ACUMAR.
Operaciones de crédito público y avales para Córdoba y Santa Fe
Por otra parte, el artículo 3 incrementa en $ 78,7 billones el monto autorizado en la planilla anexa al artículo 44 de la Ley de Presupuesto para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días.
El decreto también modifica la planilla de avales del Tesoro. Para Córdoba, mantiene un préstamo de hasta u$s 100 millones a tres años, pero cambia su destino: de “Economía Circular” a “Infraestructura Hídrica y de Saneamiento”. Además, incorpora un aval para Santa Fe, por un préstamo de hasta u$s 25 millones a tres años, destinado a la defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.
Deudas previsionales con militares y fuerzas de seguridad
Finalmente, el artículo 5 fija $ 543.205.555.376 para pagar deudas previsionales reconocidas en sede judicial, por retroactivos de ajustes en las prestaciones de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.
De ese total, $ 475.444.555.376 corresponden a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y $ 57.761.000.000 al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.